Jorge Sánchez, reportero
México.- A unos días de que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión dictaminen la reforma Constitucional que pretende instaurar la elección por voto popular de todos los jueces del país, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, urgió la defensa de la independencia judicial, para garantizar el Estado de Derecho en el país.
Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal señaló que se alza la voz, una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como es la independencia judicial”.
“La independencia y la responsabilidad son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces”, afirmó la ministra Norma Lucía Piña Hernández
Aseguró que en una democracia se busca el constante mejoramiento económico, social y cultural de un país, en el que la independencia es de la mayor relevancia “preservemos la independencia judicial, es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo” subrayó.
Por su parte Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación, que sea capaz de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger derechos no le costará su carrera, su libertad, e incluso su propia vida, como ocurre, desafortunadamente, en nuestro país el día de hoy.
Mientras que Jesús Peña Palacios, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó que, sin independencia judicial, el derecho se distorsiona y se desfigura.
“Una decisión -para ser justa- debe basarse en los hechos y ser consonante con el derecho; estar exenta de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida (de cualquier actor o por cualquier motivo); brindar soluciones que respondan a las necesidades de las personas; y ser receptiva, responsable, transparente y verificable”.
“Invito a que el Encuentro se interprete como una acción genuina que aspira a generar una reflexión amplia y especializada que permita hacer frente a los obstáculos sistémicos y persistentes desde un enfoque de derechos humanos y coloque a las instituciones al servicio de las personas, especialmente de aquellas que enfrentan circunstancias de mayor desventaja, como las mujeres, las personas en movilidad, pueblos indígenas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos y demás personas con necesidades”, dijo Peña Palacios.
Este Encuentro fue convocado por la Corte y el CJF, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Se trata de un espacio de diálogo de tres días que tiene el propósito de visibilizar la relevancia global de preservar la independencia judicial, como piedra angular de los Estados democráticos de derecho.
Se contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles e internacionales, así como del Poder Legislativo, y algunos participarán en las mesas del Encuentro.
Acompañaron en el presídium los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo; así como los consejeros de la Judicatura, Lilia Mónica López Benítez y Alfonso Montalvo Martínez.
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