México.- La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 407 votos, el dictamen a la minuta que establece que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas de los sindicatos.
Cualquier contravención a estas disposiciones será considerada falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, añade.
Dictamen enviado al Ejecutivo Federal
El dictamen que adiciona un artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional y un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Actos de injerencia sindical tipificados
Se entenderán como acto de injerencia sindical, entre otras, las siguientes conductas:
- Coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado.
- Ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical.
- Obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo.
- Condicionar la prestación de servicios, apoyos o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical.
- Ofrecer beneficios laborales, ascensos o estímulos a cambio de apoyo o voto sindical.
- Negar, suspender o limitar derechos o programas internos como represalia por no apoyar determinada opción sindical.
Además, se consideran actos de injerencia:
- Utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical.
- Destinar fondos, bienes o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical.
- Difundir propaganda o mensajes institucionales que promuevan o desacrediten a una candidatura o grupo sindical.
- Permitir el uso de instalaciones, vehículos o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical.
- Realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas o actividades sindicales.
- Negarse a entregar información solicitada por la autoridad sindical o laboral competente.
- Omitir colaborar en procesos de verificación, vigilancia o supervisión sindical cuando la autoridad lo requiera.
Garantía de equidad y libertad sindical
- Omitir actuar con imparcialidad durante los procesos electorales sindicales.
- Actuar con parcialidad o favorecer públicamente a determinada candidatura.
- Intervenir indebidamente en la equidad del proceso sindical, alterando la neutralidad institucional.
- Utilizar su cargo para influir en la opinión de las personas trabajadoras, afectando la libertad del voto sindical.
Diputada Sonia Rincón Chanona destaca avances en derechos laborales
La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) mencionó que hoy se abre un parteaguas para la garantía y progresividad de los derechos laborales de las personas trabajadoras al servicio del Estado, al salvaguardar el derecho a la libre sindicalización y elevar la autonomía sindical a rango de ley, blindándola de injerencias perniciosas y corruptas.
Afirmó que no puede haber justicia social sin dignificación laboral y hoy se es congruente, pues el Estado debe ser el primer garante de los derechos que proclama; por lo tanto, las personas servidoras públicas no pueden ser sus transgresoras.
Con estas reformas se reafirma el compromiso con un sindicalismo libre y autónomo, reflejo de la congruencia ética y política.
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