México.- El Partido Acción Nacional en el Senado presentó dos iniciativas, una de carácter constitucional y otra de naturaleza legal. Ambas están orientadas a un mismo objetivo: la fiscalización en tiempo real y la transparencia total en las obras públicas, mediante auditorías inmediatas cuando haya indicios o denuncias de corrupción, sobreprecios o accidentes.
El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, señaló que no es un tema técnico administrativo sino de impunidad y de las consecuencias reales que ello tiene sobre la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, porque cuando la fiscalización falla, no solo se pierden recursos públicos, también se pierden oportunidades, confianza y, en el peor de los casos, vidas humanas.
Recordó los señalamientos y las deficiencias reiteradas en la planeación, contratación, ejecución y comprobación del gasto en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el reciente accidente en el tren interoceánico que cobró la vida de 14 personas y dejó casi 100 heridos.
Transparencia y auditorías obligatorias
Además, proponemos que cuando existan indicios de corrupción, sobre costos injustificados o accidentes en infraestructura pública, la Auditoría Superior de la Federación esté obligada a revisar de inmediato durante el ejercicio fiscal en curso y de ejercicios anteriores, sin permisos discrecionales, excusas administrativas o pretextos políticos”.
Añadió que “No lo dicen los medios de comunicación, lo documentan los propios informes de la Auditoría Superior de la Federación. Sobre costos sin explicación, contratos modificados en exceso, información fragmentada o clasificada, cuando se solicita información, la respuesta suele ser silencio o reserva, como si el dinero público pudiera gastarse a escondidas, como si la Constitución admitiera zonas oscuras, como si la fiscalización fuera un favor y no una obligación”.
Consecuencias de la falta de fiscalización
Insistió que las consecuencias ahí están. “Ahí está el caso reciente del tren interoceánico, donde un descarrilamiento dejó personas fallecidas y decenas de lesionados. Un accidente que según las primeras versiones oficiales se pretende reducir a un problema operativo, sin revisar a fondo si existieron fallas estructurales, deficiencias en la infraestructura o irregularidades en su construcción. Esto es inaceptable”.
Recordó que la Auditoría Superior de la Federación fue creada para ser el principal dique de contención frente al abuso de poder en el uso del dinero público, para vigilar cada peso del erario y que se cumpla con el objetivo y propósito de este, para prevenir, detectar y sancionar irregularidades.
Sin embargo, hoy este dique tiene grietas graves, grietas legales que impiden auditar en tiempo real, permiten reservar información bajo el pretexto de seguridad nacional y obligan a esperar años para revisar obras con sobrecostos, fallas estructurales e incluso accidentes fatales. Este es el problema que hoy enfrentamos.
Grandes obras públicas y opacidad
Acusó que desde 2018, el Gobierno Federal apostó por un modelo de desarrollo basado en grandes obras públicas —aeropuertos, trenes, corredores logísticos— proyectos que han absorbido cientos de miles de millones de pesos, pero lejos de convertirse en ejemplo de eficiencia y transparencia, muchas de estas obras se han vuelto símbolo de improvisación, opacidad y sobrecostos, y no lo dice la oposición.
El Senado por Chihuahua reclamó que cuando ocurre un accidente en una obra financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigar todo, no solo lo que le conviene. Y ahí está el núcleo del problema que hoy atacamos.
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