Mara Rivera, reportera
México.- En defensa de la propuesta de reforma constitucional en materia energética, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) CFE Manuel Bartlett Díaz, destacó la necesidad de reformar el sistema energético en México para garantizar la seguridad, autosuficiencia y accesibilidad energética para todos los ciudadanos.
Dijo que se propone fortalecer la empresa pública del Estado, eliminar ventajas a favor de empresas privadas, garantizar la justicia social en la participación privada en el sector, y eliminar conceptos neoliberales que desnaturalizan la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad.
Manuel Bartlett dijo que dentro de la propuesta desaparece el concepto “Empresa Productiva del Estado”, ya que ese concepto era “una recomendación de organismos financieros de corte neoliberal” y era una empresa “dedicada a la mera obtención de utilidades sin ningún beneficio social”.
En este vacío son las leyes secundarias las que regulan el sistema, sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer.
“Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, vigente en nuestra Constitución, tenga un objetivo específico, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado”.
Con lo anterior, con esto añadido, dijo se aclara que el responsable del Sistema Eléctrico Nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener la atención a todos los Estados Sociales y acceso a todo el pueblo de México.
Agregó que la propuesta de reforma establece que el servicio público de Internet que presta la empresa del Estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico, cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño.
Por otro lado, el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.
En lo que respecta a las empresas particulares, explicó que se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Finalmente, “el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, en él se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social”.
“…se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas, porque de acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas que no se aplica a la empresa pública. Con esto, se establece en la Constitución algo que se había eliminado”.
Fundamentalmente, señaló que establece, que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan, no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional.
“Dos palabras regulan esta importante reforma del Presidente de la República, que son soberanía nacional, soberanía energética y justicia social”.
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