Jorge Sánchez, reportero / Redacción Enfoque
México.- Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en entrevista para Radio Fórmula indicó que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave, esto tras la noticia de que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal lo investigan a él y a sus ex colaboradores por presunta corrupción.
Aseguró que la intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente.
“Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”.
Cabe mencionar que se informó que el Poder Judicial Federal (PJF) a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una investigación en contra de Arturo Zaldívar y funcionarios y ex colaboradores del ex ministro y expresidente de la Corte.
Se les acusa de diversos delitos entre ellos: enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones y desvío de recursos; así como el vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual y falta de profesionalismo.
De acuerdo a la denuncia presentada el pasado 9 de junio, son investigados el exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Netzaí Sandoval Ballesteros, actualmente jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; el secretario general de la presidencia de la SCJN, Carlos Alpízar Salazar, mano derecha de Zaldívar; y al extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla del Ángel.
Asimismo, es investigada la ex procuradora Arely Gómez, también contralora del Poder Judicial en la gestión de Arturo Zaldívar, designada esta como auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, tras el cese del auditor Agustín Caso Raphael.
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En la investigación se mencionan complicidades con externos al Poder judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos a este.
Hasta el momento, Arturo Zaldívar y excolaboradores no han sido informados oficialmente de la denuncia e investigación en su contra.
La ministra Piña, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó iniciar investigaciones contra los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si existen elementos suficientes de prueba para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares.
“Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, señala el acuerdo de la ministra Piña emitido el mismo 9 de abril.
“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”.
El ministro en retiro y expresidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar fue señalado por confabularse con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para manejar los asuntos que se ventilan en el PJF a favor de los intereses del gobierno federal o de empresarios.
Asimismo, de utilizar diversas áreas del CJF para presionar a jueces y magistrados para lograr su cometido a cambio de beneficios políticos, económicos o laborales bajo la amenaza de que, de no resolver conforme a la “línea dictada” los juzgadores serían sujetos a cambios de adscripción o a procedimiento de responsablidades administrativas.
Sin embargo, al tratarse de un ministro en retiro, de acuerdo con la Ley Orgánica del PJF, corresponde a la Corte determinar si iniciará o no investigación en su contra, por lo que la ministra presidenta ordenó enviar la denuncia en su contra para que el Máximo Tribunal le dé el trámite correspondiente.
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