México.- Tras la resolución de la Suprema Corte que da posibilidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas con tan solo la presunción de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) arremetió contra esta medida. El organismo advirtió que la decisión deteriora la confianza para invertir en el país, además de que contraviene tratados internacionales suscritos por México.
Así lo advirtió el presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, quien dijo que esa acción, sin una orden emitida por un juez, debilita el Estado de Derecho y generará afectaciones directas al patrimonio de las personas y las empresas; además, al no haber reglas plenamente definidas, abre un espacio más a la incertidumbre.
Riesgos para la inversión y la presunción de inocencia en México
“Afecta la confianza para invertir en México; la certeza jurídica no es un lujo, es la base para invertir, crecer y generar empleo. La reciente resolución de la Suprema Corte abre un precedente delicado para México: hoy se permite el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa, basta con que existan indicios. Esto cambia las reglas porque permite afectar el patrimonio de personas y empresas, sin controles claros, y coloca en riesgo principios fundamentales como la presunción de inocencia“, señaló Sierra Álvarez.
El organismo empresarial afirmó que esta medida pasa por alto el principio de presunción de inocencia y genera efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad. Esto coloca a los ciudadanos y compañías en una posición de desventaja para su defensa, afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Una medida de este tipo podría impactar directamente en el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo la viabilidad de los negocios y los empleos.
Coparmex exige control judicial y reglas claras ante el T-MEC
“Hoy existen vacíos que deben corregirse con claridad y urgencia: definir con precisión en qué casos procede un bloqueo con criterios objetivos y verificables; establecer un control judicial previo que valide la medida en un plazo máximo de seis horas (de no existir autorización, el bloqueo deberá levantarse de inmediato); crear mecanismos de responsabilidad ante afectaciones indebidas e incorporar transparencia sobre el uso de estas facultades. México necesita instituciones fuertes, reglas claras y certeza jurídica para quienes invierten y generan oportunidades“.
Finalmente, resaltó que esta determinación resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Por ello, desde la Coparmex se hizo un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para subsanar los vacíos legales que la norma vigente deja sin resolver y garantizar la seguridad financiera en el país.
JJ
