Madrid.- La introducción ilegal de especies protegidas puede suponer una amenaza para el equilibro de los ecosistemas, por lo que urge implementar medidas para mitigar esta problemática, según las conclusiones de dos estudios realizados por un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Hernández (UMH).
Los estudios, que han sido publicados en las revistas científicas Biological Conservation y Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, concluyen que las introducciones no autorizadas de fauna amenazada suponen un dilema para los gestores del medio natural.
Esto se debe a que, por un lado, estas especies están estrictamente protegidas por la legislación ambiental, por lo que su erradicación puede contradecir la normativa.
No obstante, estas especies pueden, al mismo tiempo, alterar el equilibrio ecológico, desplazar a otras especies nativas e incluso provocar conflictos de conservación.
14 poblaciones introducidas ilegalmente
Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores ha analizado las poblaciones introducidas de manera no autorizada en Alicante, Murcia y Almería, donde ha identificado 14 poblaciones de peces y anfibios amenazados que habían sido puestos de forma clandestina en el sureste ibérico, fuera de su área actual de distribución natural y sin evaluación previa de riesgos.
“De las 14 poblaciones introducidas que hemos identificado, sólo la del gallipato (Pleurodeles waltl), en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia), fue reintroducida en un lugar que históricamente había sido parte de su área de distribución”, han señalado los autores.
Un marco de decisión flexible
Según el equipo, liderado por el investigador de la UMH José Manuel Zamora, las translocaciones oficiales implican evaluaciones rigurosas y pueden ser rechazadas por las autoridades ambientales si existen dudas sobre su impacto.
Además, ha apuntado que la pasividad institucional ante estos programas oficiales de reintroducción puede estar animando a que los particulares recurran a liberar fauna protegida por su propia cuenta.
Para abordar este problema, los investigadores han propuesto un marco de decisión flexible que permita, en función de cada caso, decidir si es más conveniente erradicar, conservar o monitorear las poblaciones introducidas.
“Nuestros resultados ponen sobre la mesa la necesidad urgente de establecer directrices claras para afrontar este nuevo y complejo desafío para la conservación de la biodiversidad”, ha señalado Zamora, quien también pide que, ante todo, prevalezca el principio de precaución.
EFE
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