México.- Juan N., quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la periodista Dalia Villegas. La resolución fue emitida por un juez federal tras una audiencia que se prolongó por más de 11 horas.
El fallo se dio durante la madrugada de este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal de la entidad. El juez Miguel Ángel Henríquez Rodríguez determinó que existen elementos suficientes para investigar la presunta agresión contra la comunicadora, ocurrida el pasado 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno en Morelia.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la periodista se encontraba documentando la actuación policial durante una protesta cuando elementos de seguridad le impidieron grabar. El juzgador consideró este acto como un uso indebido de la fuerza, al no existir una justificación legal para frenar su labor informativa.
Desestiman delitos de robo e intimidación en audiencia de 11 horas
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), había imputado tres delitos, el juez desestimó los cargos de intimidación y robo calificado.
En el caso del robo, se concluyó que no se acreditó la intención de despojar a la periodista de su teléfono celular con el fin de apropiárselo. Respecto al delito de intimidación, el juez señaló que no se demostraron los supuestos necesarios para su configuración legal.
No obstante, el juzgador subrayó que sí existen indicios de que Juan N. participó en los hechos junto con otros elementos de seguridad, señalando incluso una posible omisión al no intervenir para impedir la agresión. Durante el proceso, la defensa de la periodista solicitó que el caso se analizara con perspectiva de género, pero dicha petición fue rechazada por la autoridad judicial.
Medidas cautelares y plazo para el cierre de la investigación
Como parte de las medidas cautelares impuestas, se ordenó al exfuncionario no acercarse a la víctima y presentarse a todas las audiencias que le sean requeridas por el tribunal.
Si bien no se le prohibió salir del país, el juez le advirtió que cualquier incumplimiento de estas condiciones podría derivar en medidas más severas, incluida la prisión preventiva. Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán aportar más pruebas al caso.
Laura Avalos, corresponsal / jj
