Coahuila.- Dos semanas después de que 10 mineros quedaran atrapados bajo tierra y agua en una mina de Sabinas, Coahuila, familiares de los trabajadores siguen en la incertidumbre, mientras las autoridades mexicanas solicitan ayuda técnica a Estados Unidos y Alemania para avanzar en su misión de rescate.
Las causas del colapso, que sorprendió a todo el pueblo de Agujita el pasado 3 de agosto, aún no son claras pero los familiares descartan iniciar acciones contra posibles responsables por alguna negligencia, aunque no reciban algún remedio económico, ante la carencia de prestaciones laborales, consideró Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral. “El tema particular de los mineros, en general, es una situación lamentable porque lo que priva es el trabajo informal, pero sobre todo en la zona norte de Sabinas, donde se concentra la explotación de carbón”, comentó.
Dijo que la mayor desventaja se observa en los mineros que laboran “en los llamados pocitos, en donde trabajan, la mayor parte de ellos, sin un contrato por escrito y sin que haya seguridad social”.
SIN PENSIÓN NI SEGUROS DE VIDA
Fuentes señaló que la mayoría de los mineros en México no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que carecen de documentos que acrediten su legal derecho a una pensión para sus familias por deceso en el trabajo, además no contratan ningún seguro de vida o de gastos mayores por cuenta propia. “Realmente la situación para las familias es una total desventaja porque la Ley del Seguro Social establece que a las viudas les toca el 40 % del 70 % de su salario y esto representa como un 28 % del salario del trabajador”, explicó.
Detalló que el salario mínimo general diario se encuentra en 172,87 pesos, el cual se reduciría a 121 pesos si se toma el 70 % del salario del minero, y de los cuales solo 48,40 pesos le corresponderían a la viuda del finado trabajador si está inscrito en el seguro social. Aunque mencionó que el salario que perciben los trabajadores puede alcanzar hasta 6.000 pesos mensuales.
Sin embargo, señaló que las leyes mexicanas condicionan que para que las familias reciban una pensión, el trabajador debió estar registrado con al menos tres años de antigüedad, lo cual no es muy común.
TIEMPOS LARGOS Y GASTOS ALTOS
Fuentes consideró que los familiares deben buscar toda la documentación que acredite su trabajo en las minas para poder exigir remediación del daño en un juicio, ya sea por un accidente en el trabajo o por alguna presunta negligencia, aunque comentó que los gastos judiciales, de al menos tres años, no son sostenibles tan fácilmente. Además los centros de conciliación más cercanos a los familiares para presentar un juicio se encuentran a por lo menos cinco horas de distancia del derrumbe y para lo cual gastarían hasta 500 pesos por viaje.
JJ
