México.- El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles obtienen un amparo contra nuevas órdenes de aprehensión en su contra; diferentes a la que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto involucramiento en el quebranto de 3 mil 412 millones de pesos en la construcción y compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.
Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (en contra de quien la Fiscalía General de la República interpuso una denuncia por obstrucción de la justicia) le concedió la medida cautelar.
“Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. En términos de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, tramítese por separado y en un solo cuaderno el incidente de suspensión”, señala el resolutivo de la togada, quien solo dio a conocer el sentido de su fallo, pero no publicó el expediento con los motivos.
El recurso fue promovido el 14 de agosto y admitido un día después por la impartidora de justicia; quien le impuso como requisito el pago de una garantía de 100 mil pesos en un plazo de cinco días. La audiencia incidental para definir si la medida se convierte en definitiva se llevará a cabo el próximo 22 de agosto.
En su demanda, Aureoles pidió la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia que pudiera emitirse en su contra. La jueza solicitó a la Fiscalía General de la República y a otras autoridades que rindan los informes correspondientes.
De manera paralela, el exgobernador deberá comparecer el 20 de agosto ante una jueza de control en el Reclusorio Oriente, donde la FGR lo imputará por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En junio pasado, la misma jueza Vargas Alarcón rechazó ampararlo contra la orden de captura que ya existe por estos delitos, fallo que Aureoles impugnó y que ahora está en revisión en un tribunal colegiado. En aquella resolución, la impartidora de justicia consideró que la orden de captura emitida por la jueza Patricia Sánchez Nava estaba debidamente sustentada.
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