México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal, la prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo y Guillermo de la Peña Rosales; por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
El impartidor de justicia, con sede en el Penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, les decretó también prisión preventiva por los mismos ilícitos a Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Dos imputados permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud
La FGR informó que el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Investigación apunta a una red de contrabando de hidrocarburos
Los imputados fueron detenidos en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los acusados posiblemente participaron.
Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, enfatizó la FGR.
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