México.- El pleno del Senado de la República aprobó, con 88 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, la lista de 10 personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien fue propuesto para representar a México en una embajada.
Entre quienes avanzaron a esta etapa se encuentra Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución y considerada una de las principales favoritas para encabezar la Fiscalía.
La lista fue enviada de inmediato a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá regresar una terna en las próximas horas para que el Senado realice la designación final.
Controversia por modificación de la lista y críticas de la oposición
Durante la sesión, senadoras y senadores de oposición denunciaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) modificó la lista original al excluir al magistrado Alfredo Barrera Flores e incluir en su lugar a Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante de Morena ante el órgano electoral de Tabasco y muy cercano a Adán Augusto López Hernández.
La lista definitiva quedó integrada por cinco mujeres y cinco hombres:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Ernestina Godoy Ramos
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Félix Roel Herrera Antonio
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
La senadora Claudia Anaya (PRI) acusó a Morena de “debilitar” la autonomía de la Fiscalía mediante reformas que —afirmó— redujeron los requisitos para ser fiscal general y facilitaron el nombramiento de perfiles cercanos al gobierno.
Recordó que las reformas de 2014 vinculaban los requisitos para ocupar el cargo con los que exige la Constitución para ser ministro de la Suprema Corte, lo que impedía nombrar a figuras con cargos políticos recientes.
Sin embargo, aseguró que las modificaciones hechas en 2024 “abrieron la puerta” a perfiles con militancia activa en Morena.
Asimismo, denunció que la renuncia de Gertz Manero fue “negociada” para permitirle acceder a una embajada:
“Aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar”, afirmó, al señalar que el proceso se ha conducido con “prisas” y una lista elaborada sin consultar a los grupos parlamentarios.
Sobre el cambio de último minuto en la lista, Anaya advirtió:
“El nombre que cambiaron es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí sólo pasan los cuates”.
También criticó que se abandonara el procedimiento utilizado en 2019, que contemplaba entrevistas en comisiones, y en su lugar se optara por un formato de preguntas y respuestas directo en el pleno.
La FGR: ¿Premio a la lealtad política o garante de justicia?
El senador Raymundo Bolaños (PAN) sostuvo que la FGR corre el riesgo de convertirse en un “premio a la lealtad política”, al afirmar que el proceso está diseñado para favorecer a una candidata ya definida.
Recordó que la Constitución establece que la renuncia del fiscal general solo procede por “causa grave” y criticó que Gertz Manero haya presentado lo que calificó como un “retiro” para ocupar una embajada.
“Hoy todos sabemos quién será electa fiscal general de la República: una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo”, señaló.
Afirmó que el Senado actúa como una “oficialía de partes” del Ejecutivo y que la rapidez y opacidad del procedimiento vulneran la autonomía de la FGR.
“Este procedimiento vulnera nuestra Constitución… Estamos condenados a ser un país de cuotas y de cuates”.
Por su parte, Néstor Camarillo, senador de Movimiento Ciudadano, llamó a mantener el foco en la crisis de impunidad que enfrenta el país y criticó que el procedimiento de 2025 sea significativamente menos transparente y deliberativo que el realizado en 2018.
Citó cifras del INEGI según las cuales en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, pero solo el 9.6 % se denunció; de estos, únicamente 0.8 % tuvo una resolución favorable.
“México necesita una fiscalía que investigue, que sancione, que garantice justicia a las víctimas. La Procuración de Justicia no es tarea de un partido político”, subrayó.
Camarillo sostuvo que el proceso actual “opaca la legitimidad” del nombramiento y llamó a actuar con “seriedad y sentido de Estado”.
“Lo ideal habría sido convocar un procedimiento plural, amplio y con participación ciudadana”.
JJ
