México.- Con 84 votos a favor y 28 en contra, el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de impulsar proyectos prioritarios mediante esquemas de inversión público-privada.
El dictamen avalado por el pleno tras su paso por comisiones busca establecer un nuevo marco legal que permita atraer capital privado bajo reglas claras, transparencia y certidumbre jurídica, sin que ello implique la pérdida de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.
Nuevo marco legal para la inversión estratégica
Senadores de Morena defendieron el dictamen al señalar que ofrece “piso parejo” a los inversionistas, al tiempo que fortalece los mecanismos de control, evaluación y seguimiento de los proyectos.
Destacaron que la iniciativa responde a la necesidad de revertir la caída de la inversión pública, que —de acuerdo con el propio documento— registró una contracción real de 28.4 por ciento el año pasado, la más severa en tres décadas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico realista sobre las deficiencias en proyectos anteriores, como renegociaciones sin criterios definidos, obras inconclusas y pasivos sin fuente de pago, en referencia a las llamadas APPs del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Explicó que la nueva legislación establece reglas claras, filtros técnicos y controles fiscales para ordenar los esquemas de inversión, además de crear figuras jurídicas que permitan canalizar recursos, aislar riesgos y mejorar las condiciones de financiamiento sin generar deuda pública automática.
Fortalecimiento de la rectoría estatal y control fiscal
“El planteamiento del dictamen busca superar la lógica de los modelos en los que el Estado perdía control operativo y asumía los riesgos más costosos. Aquí la propiedad permanece estatal, el privado entra como socio contratista con obligaciones medibles y los riesgos se distribuyen conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos. En otras palabras, la rectoría pública se fortalece con mejores reglas”, sostuvo Manuel Huerta.
El legislador detalló que la ley contempla dos modalidades principales: contratos de largo plazo, en los que el sector privado participa en el financiamiento, diseño, construcción y operación de proyectos con pagos vinculados al desempeño; y esquemas de inversión mixta, donde Estado y particulares comparten capital, riesgos y beneficios.
Asimismo, enfatizó que la propiedad de la infraestructura permanecerá en manos del Estado, mientras que los privados participarán como socios o contratistas bajo obligaciones medibles y con una distribución de riesgos acorde a sus capacidades.
El dictamen también prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión e Infraestructura, que será designado por el Ejecutivo federal, así como una base de datos nacional que permitirá dar seguimiento, evaluar proyectos y mitigar riesgos.
A ello se suman mecanismos de control como evaluaciones previas, auditorías posteriores, análisis de costo-beneficio, informes trimestrales y reglas estrictas de transparencia. Entre los sectores prioritarios se encuentra el hídrico, además de proyectos en comunicaciones, transportes, energía y desarrollo urbano.
Posturas encontradas y críticas de la oposición
Pese a su aprobación, la reforma fue duramente cuestionada por la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para las finanzas públicas, la transparencia y el ahorro de los trabajadores.
El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, argumentó que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado al atribuir la falta de inversión al sector privado, cuando el problema real es la caída de la inversión pública. Señaló que entre 2018 y 2026 el gasto corriente creció más de 90 por ciento, mientras que la inversión en obra pública se redujo significativamente.
Además, advirtió que los esquemas de inversión mixta podrían ocultar obligaciones financieras al registrarse como pasivos contingentes, lo que trasladaría costos a futuras administraciones; es decir, maquillar u ocultar deuda pública.
“Se centralizan decisiones en el Ejecutivo y se crea un Consejo sin contrapesos efectivos. Se habla en el texto de una gobernanza efectiva, pero eso es lo menos que se presenta aquí en un Consejo integrado única y exclusivamente por servidores públicos, lo que induce discrecionalidad en la asignación de proyectos. Y sexto, porque se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores”, advirtió Zapata Bello.
En la misma línea, el senador del PAN, Raymundo Bolaños, advirtió que la minuta podría derivar en mayor endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento económico. Indicó que en 2025 la economía creció apenas 1.7 por ciento y que la inversión pública se ubicó en su nivel más bajo desde 2007. Asimismo, criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación.
“Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas. (…) Esta ley genera muchas más dudas regulatorias por falta de controles y espacios para el derroche de dinero público”, señaló.
“El gobierno comprometerá recursos del futuro sin reglas claras, lo que pone en riesgo el dinero de los mexicanos”, sostuvo.
Consenso parcial y próximos pasos legislativos
Por su parte, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó el voto a favor de su bancada al reconocer la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. No obstante, insistió en la necesidad de garantizar certeza jurídica para los inversionistas ante el escenario económico complejo y la caída en la inversión productiva.
Señaló que, si bien la ley representa un cambio respecto a posturas anteriores que rechazaban la inversión privada, debe acompañarse de condiciones que generen confianza, tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía.
En la misma sesión, el Senado aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación, como parte del paquete de ajustes al marco hacendario. El decreto fue turnado a la titular del Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, conforme a los procedimientos constitucionales.
JJ
