Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar la creación de una comisión especial que investigue las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la empresa Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., señalada por autoridades de Estados Unidos por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero ligados al narcotráfico.
Vector es propiedad del empresario neolonés Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, senadores del PRI, entre ellos, Alejandro Moreno, Manuel Añorve y Carolina Viggiano, formalizaron ante la Comisión Permanente, su solicitud de que comparezcan Édgar Amador, secretario de Hacienda; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Jesús de la Fuente Rodríguez, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los presidentes del Consejo de Administración o directores generales de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Lo anterior, para que informen sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero de estas tres entidades financieras vinculado al narcotráfico y al tráfico de precursores químicos.
Los priístas aclararon que no se trata de condenar sin pruebas, ni de encubrir posibles irregularidades.
Se trata de proteger el interés nacional, esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar las conductas delictivas sin miramientos políticos ni diplomáticos.
“Si las instituciones son inocentes, deben demostrarlo de cara a la nación. Si hay responsabilidades, deben asumirse sin dilación”, señalaron.
En tanto, Marko Cortés Mendoza, senador del PAN, solicitó que la Junta de Coordinación Política del Senado integre una Comisión Especial Investigadora por Narcolavado por las implicaciones de estas entidades financieras en este tipo de operaciones ilícitas.
A su vez, los legisladores del Acción Nacional, también propusieron la comparecencia de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que informe sobre las acciones e investigaciones emprendidas por la dependencia respecto a estos casos.
Recordaron que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el pasado 25 de junio un informe en el que sanciona a tres entidades financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
El informe advierte que Vector representa una “preocupación principal en materia de lavado de dinero” por su supuesta participación en operaciones vinculadas al tráfico de opioides.
Según FinCEN, entre 2018 y 2023 la casa de bolsa procesó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a empresas chinas y facilitó más de 40 operaciones desde firmas mexicanas hacia compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.
Además, se señala que desde 2024 la UIF ya tenía conocimiento de dichas transacciones, sin que hasta el momento se hayan iniciado procedimientos legales o administrativos contra los presuntos responsables.
Los legisladores panistas acusaron omisión y negligencia por parte del gobierno federal, e incluso señalaron la posibilidad de encubrimiento debido a la cercanía entre Romo y el expresidente López Obrador.
“La inacción del gobierno mexicano, así como la negativa inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos de Estados Unidos, demuestran una preocupante falta de voluntad política para esclarecer los hechos”, advirtieron.
También cuestionaron que la Secretaría de Hacienda no haya activado mecanismos de supervisión financiera, pese a tener atribuciones legales para hacerlo.
El punto de acuerdo destaca que este caso podría tener consecuencias económicas y sociales graves, entre ellas, la desconfianza de inversionistas, una posible fuga de capitales y un debilitamiento del sistema financiero nacional.
“Si no se actúa con transparencia y firmeza, se alienta un entorno de impunidad que mina la credibilidad institucional”, sostuvieron.
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