Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Senadores del PAN PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que el nuevo programa del Infonavit que permitirá a personas que han invadido y habitan viviendas de forma ilegal, para que las adquieran mediante esquemas de pagos accesibles, sólo incentivará la invasión de inmuebles, convierte la ilegalidad y la invasión en política de Estado y abrirá la puerta al crimen organizado para apropiarse ahora de inmuebles abandonados o sin habitar.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, criticó la reciente decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como un “paso peligrosísimo” y acusó que con esta acción “el delito se premia y la legalidad se castiga”.
En sus redes sociales, a nombre de los senadores del PRI, Añorve afirmó que esta política parte de una visión “populista” que, en lugar de fortalecer el derecho a la vivienda, lo debilita al fomentar la impunidad.
El también exalcalde de Acapulco enlistó las señales negativas que, a su juicio, envía esta decisión:
“Que invadir conviene más que ahorrar; que el gobierno ya no garantiza el respeto a la propiedad; y que el esfuerzo del trabajador que paga su crédito vale menos que la ilegalidad”.
Añorve responsabilizó directamente al director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, de impulsar esta iniciativa.
“Un agrónomo sin experiencia en vivienda, que ya antes quebró Pemex y que hoy va por el patrimonio de millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo se hicieron de una casa”, sostuvo.
Marko Cortés, ex líder del PAN calificó la medida como un mensaje peligroso que “legaliza lo ilegal” y podría alentar nuevas ocupaciones de viviendas abandonadas.
“Lo más grave es que este programa, que pudiera ser loable, manda un gravísimo mensaje: si invades una casa, no te van a sacar y hasta podrías adquirirla”, afirmó.
El legislador por Michoacán sostuvo que esta política deja en desventaja a quienes cotizan formalmente en el Infonavit, ya que ahora personas sin empleo formal también podrán acceder a una vivienda. “Literalmente, se convierte en una política de Estado invadir casas”, sentenció.
“Lo único que va a ocurrir es que más viviendas abandonadas del Infonavit van a ser tomadas de forma ilegal, porque ya ven y verán que no pasa nada. Y entonces solo aquellos que deseen hacerse de un patrimonio es que le entrarán a un esquema, pero los demás no.
Entonces van a literalmente vivir de gratis toda la vida y tal vez tengan algún patrimonio. Pero si el gobierno hoy flexibiliza y dice si tú invades, no te voy a sacar. Es un mensaje gravísimo. El fondo es muy delicado”, afirmó.
Además, propuso que en lugar de legalizar ocupaciones, el gobierno recupere las viviendas abandonadas y las ponga a la venta a derechohabientes cumplidos.
En la misma línea, Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, advirtió que la estrategia podría tener efectos contraproducentes y graves, como incentivar invasiones y favorecer al crimen organizado.
“Puede salir más caro el caldo que las albóndigas, diciéndolo coloquialmente, porque esto sin duda trae una problemática de la mano que puede ser muy delicada, se está incentivando a las personas a invadir inmuebles y eso me parece que es muy delicado, porque está violentando el derecho a la propiedad privada.
Es un incentivo perverso porque esta iniciativa abre la puerta para qué, para la invasión, afectando obviamente el patrimonio de muchos mexicanos.
Y bueno, además también tendríamos que estar reconociendo en medio de la problemática que hoy vive nuestro país que con esta iniciativa lo que se está haciendo es abrirle la puerta al crimen organizado para que extienda sus redes ahora a las viviendas abandonadas”, declaró.
“Ya hay quien llama a este programa ‘Invade Tu Casa’”, ironizó.
Barrales y Cortés Mendoza coincidieron que la medida fomenta la informalidad, crea clientelas electorales y atenta contra la legalidad. “El régimen de Morena fomenta la informalidad y crea clientelas electorales a partir de la ilegalidad”, acusaron.
Además, consideraron que la estrategia podría tener fines electorales al favorecer a movimientos urbanos afines a Morena mediante promesas de regularización.
“Se presenta como justicia social, pero en realidad termina afectando a la misma gente que dice beneficiar”, concluyó Barrales Magdaleno.
JJ
