México.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que en el próximo periodo ordinario de sesiones de febrero, la Cámara de Diputados analizará la minuta que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de adecuarla con los parámetros establecidos en las recientes modificaciones constitucionales en materia de justicia.
En el documento que enumera la Agenda Legislativa 2026 de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que “el 10 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue aprobado el 9 de diciembre por el Pleno del Senado de la República”.
Origen y sustento de la reforma en la Agenda Legislativa 2026
Detalló que “el origen de la propuesta se sustenta en la iniciativa presentada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 23 de junio de 2025 y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado”. Añadió que se trata de una reforma amplia, de naturaleza predominantemente procedimental y formal, orientada a adecuar el juicio contencioso administrativo federal a los parámetros establecidos por la reforma constitucional en materia de justicia, en particular al derecho a una tutela judicial efectiva y a la exigencia de resolver los asuntos en plazos razonables.
En primer término, expuso que la reforma busca armonizar el procedimiento contencioso administrativo con el nuevo marco constitucional que impone plazos máximos de resolución en determinados asuntos, especialmente en materia tributaria. Se redefine el funcionamiento del juicio en vía sumaria como el cauce idóneo para garantizar resoluciones en un plazo máximo de seis meses, ajustando tanto los tiempos de actuación del órgano jurisdiccional como los de las partes. Esta reconfiguración se acompaña de una ampliación de los supuestos que pueden tramitarse por dicha vía, lo que permite que un mayor número de controversias se resuelvan de forma más expedita y contribuye a descongestionar la vía ordinaria, puntualizó.
Armonización de plazos y eficacia en la justicia administrativa
“Un componente central de la reforma es la fijación sistemática de plazos. El dictamen da cuenta de la introducción de un plazo genérico para aquellas actuaciones del tribunal que carecían de término expreso, así como de múltiples plazos específicos para incidentes, acuerdos, resoluciones y etapas procesales que antes quedaban abiertas o indeterminadas. Esta medida tiene como finalidad reducir márgenes de discrecionalidad temporal, dotar de mayor certeza a las partes y asegurar que la tramitación del juicio avance de manera continua y ordenada. La lógica que subyace a esta decisión es que la ausencia de plazos claros constituye una de las principales fuentes de dilación y rezago en la justicia administrativa”, apuntó el zacatecano.
En paralelo, agregó, se introducen ajustes en figuras procesales que impactan directamente en el interés público y en la igualdad procesal. Se precisan los supuestos en los que no procede la suspensión de la ejecución del acto impugnado, particularmente cuando su otorgamiento pueda afectar el orden público, el interés social o permitir la continuación de conductas ilícitas o de actividades realizadas sin la autorización administrativa correspondiente. La reforma también fortalece mecanismos destinados a prevenir y corregir dilaciones indebidas, como la excitativa de justicia. Se regulan con mayor detalle sus etapas, plazos y efectos, de manera que este instrumento cumpla efectivamente su función de impulsar la emisión oportuna de resoluciones.
Modernización digital, lenguaje incluyente y responsabilidad jurisdiccional
En el mismo sentido, se establecen consecuencias en materia de responsabilidad administrativa para los integrantes del tribunal que, de manera reiterada e injustificada, incumplan los plazos legales para formular proyectos o dictar sentencias, reforzando así la idea de que los términos procesales son obligatorios. La minuta recoge la adopción de lenguaje incluyente en todo el texto legal; asimismo, se actualizan referencias a leyes e instituciones y se sustituyen las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de multas y sanciones.
La propuesta también impulsa una mayor utilización de medios electrónicos y del sistema de justicia en línea. Se clarifican las reglas y plazos para las notificaciones realizadas a través del Boletín Jurisdiccional y se reduce el tiempo para que estas surtan efectos. Además, se amplía la posibilidad de que las partes comparezcan y presenten promociones mediante herramientas digitales aun en juicios tramitados por la vía tradicional. El dictamen también aborda ajustes en el recurso de revisión fiscal, manteniendo su carácter excepcional, pero redefiniendo su procedencia para asegurar el control de legalidad en asuntos de especial relevancia para el interés financiero del Estado.
Finalmente, se realizan precisiones para asegurar la correcta ejecución de las sentencias en cualquier materia administrativa, garantizando la eficacia real de las resoluciones judiciales. “La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo responde a una lógica de perfeccionamiento institucional, al atender deficiencias operativas identificadas en la práctica jurisdiccional”, concluyó Monreal Ávila.
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