México.- Ante el aumento de la violencia y la reciente exhibición del poder de la delincuencia organizada en varias ciudades del país, la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, llamó al gobierno federal a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.
Para Díaz Contreras, el anuncio del Presidente López Obrador de militarizar la seguridad pública, legalizando la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, es un retroceso histórico pues crearía una peligrosa condición en la que el Estado actuaría como si estuviéramos en una situación de guerra, ejerciendo el mando una sola persona y con criterios militares.
“La seguridad y justicia que reclaman los ciudadanos en todo el país, no se alcanzará aumentando la presencia militar, porque la persistente violencia descontrolada no se combate mostrando quién tiene mayor capacidad de fuerza sino con más capacidad de Estado, incluyendo más poder disuasivo de las policías municipales y estatales, mayor efectividad para desmantelar las estructuras financieras, productivas y distributivas de las drogas, y con una efectiva aplicación de la ley para evitar la impunidad”, consideró.
Al respecto, la Secretaria General del PRD, recordó que, en mayo pasado, el gobierno federal se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas, abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública, fortalecer las fuerzas civiles y retirar a los militares de las tareas de seguridad, para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Comité sobre las Desapariciones Forzadas.
Por lo que resulta preocupante dar marcha atrás a dichos compromisos.
“El peligro de la militarización de la seguridad pública es que las personas quedan atrapadas en un doble poder de fuego, el de las bandas criminales y el de las fuerzas armadas que violentan los derechos humanos”, agregó.
Afirmó que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de la CNDH, al primer semestre de 2022, tanto la Guardia Nacional como la SEDENA acumularon 479 quejas por diversas violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran: detención arbitraria, empleo arbitrario de la fuerza, tortura, desaparición forzada y privación de la vida. “Las masacres estudiantiles y civiles perpetradas por militares siguen siendo memoria viva, y no permitiremos que se vuelvan a repetir”, concluyó.
JJ
