Ricardo Trejo, reportero
EU.- En Washington, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, destacó que México ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, presentó argumentos para demostrar que las empresas fabricantes de armas demandadas en ese país tienen conocimiento de que sus productos acaban de manera ilegal en México; por lo tanto la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no aplica para darles inmunidad.
Pablo Arrocha dijo que ha sido un día histórico en el que México pudo presentar, ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, un tema fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestros dos países: la necesidad de poner fin al tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México.
Resaltó que México interpuso esta demanda en 2021, contra los fabricantes de armas, precisamente, para detener la violencia que se deriva de este tráfico ilícito que, a su vez, da a las organizaciones criminales el poder de fuego para seguir operando, lo cual, también resulta perjudicial a la población de los Estados Unidos.
“México cuenta con leyes estrictas en la materia, solo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”, manifestó.
Pablo Arrocha dijo que todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año, debido al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa”, acusó.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego.
Aclaró que “el Gobierno de México respeta plenamente las políticas de Estados Unidos. Y esta demanda de México no tiene nada que ver con la segunda enmienda constitucional, ni con los derechos de los estadounidenses, que son respetuosos de la ley, para adquirir y poseer armas de fuego. Este caso no se trata de eso”.
El funcionario de la secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno de México esperará a conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y seguirá haciendo todo lo posible para proteger al pueblo de México, de la violencia y del sufrimiento causado por el tráfico de armas hacia nuestro país.
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