México.- Luego de que un juzgado de Boston, a cargo de Dennis Saylor, rechazó la demanda que nuestro país, presentó contra grandes fabricantes de armas y responsabilizarlas porque su comercialización afecta a México al llegar estas armas a manos de delincuentes, principalmente de los cárteles de las drogas, Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la cancillería mexicana, señaló que apenas es un primer paso, ya que dicha resolución será apelada, tras 6 meses de haber recibido los últimos alegatos, explicó que la decisión del juez, no entró al fondo del asunto y que no desechó la demanda por frívola. Sin embargo, reconoció que por una ley federal que otorga inmunidad a las empresas, no puede proceder.
“El juez reconoce que podríamos probar en juicio, cuando llegáramos a él, qué podríamos probar el nexo causal entre lo que acusamos: la negligencia, las prácticas ilícitas de las empresas y el daño que sufrimos en México, pero luego y aquí es muy revelador el lenguaje que utiliza, utiliza la palabra desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus reclamaciones están prohibidas por una ley Federal; esta ley que les otorga inmunidades y otras fracasan por otras razones”.
Reconoció que de no ser por esta ley el juicio hubiese seguido su proceso, pese a ello, afirmó que se trata de una resolución positiva, ya que indica la línea a seguir para presentar los próximos argumentos, mismos que serán plasmados en una apelación ante la corte de Massachusetts.
“El viernes presentaremos un aviso de apelación, le diremos al juez de distrito que vamos a apelar su decisión, el juez le dirá la Corte de Apelaciones, esta manifestación de México, la Corte de Apelaciones, después programará un calendario para presentación de escritos del gobierno de México, escrito de apelaciones, respuesta de las empresas demandadas y una réplica del gobierno de México, también en esta instancia se podrán presentar escritos de amigos de la corte, una oportunidad para la sociedad civil mexicana y estadounidense para acercarle a los jueces de apelación, más información sobre el daño que causa esta negligencia que facilita el tráfico ilícito”.
Añadió que el procedimiento de apelación tomará muchos más meses de lo que llevó la primera infancia, ya que se trata de un órgano colegiado. Aunado a ello, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que programe una audiencia pública, respecto a la violación de la Convención Americana de derechos humanos, a finales de octubre, que, aunque no será vinculante, permite evidenciar el problema.
Dijo que, en la apelación, ya no se litigará el mismo asunto, sino la decisión del juez resaltó que las empresas señaladas pueden participar, pero no se discutirá su responsabilidad y los argumentos serán en torno al análisis que hizo el juez. Al referirse a la compensación solicitada, que fue de 10 mil millones de dólares afirmó que no es el objetivo principal obtener dinero, sino poner de manera tangible ante los accionistas de las empresas, la magnitud del problema lo que representaría si pierden o cuando pierdan evitar ir a la quiebra.
Señaló que, en caso de ganar, el dinero ingresaría a la Tesorería de la Federación y se utilizaría para lo que se determine.
Detalló que el cálculo de ese monto derivó de un estimado de entre el 5 y el 20 por ciento, del PIB de México, que representa el costo de la violencia armada, como daños directos, sumado a servicios psicológicos, médicos, y otros, más otros gastos, lo que invierte México para afrontar la violencia armada, así como el costo que representan, las alertas de viaje a México que afectan el turismo y otros.
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