Agencia EFE
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó al Poder Judicial de ser una “oligarquía corrupta” después de que un juez otorgó libertad procesal al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, principal acusado en la red de sobornos de la brasileña Odebrecht.
“El Poder Judicial está ahora dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados, ellos no representan al pueblo de México”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.
El gobernante se refirió a la decisión de un juez que el martes permitió que Lozoya siga su proceso judicial en prisión domiciliaria, con lo que abandonó la cárcel donde estuvo recluido por poco más de dos años.
Lozoya, quien dirigió la petrolera del Estado de 2012 a 2016, bajo el presidente Enrique Peña Nieto, buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares a prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.
Al respecto, López Obrador dijo que la libertad de Lozoya tiene que ver con los jueces “con el Poder Judicial, que deja libres a todos”, entre ellos, presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
“Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de forma abierta y descarada y en contra nuestra, todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los seudoambientalistas, seudodefensores de los derechos humanos”, dijo.
Y auguró que probablemente la Fiscalía General de la República (FGR) apele “si es que lo puede hacer”.
“Pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial y, la verdad, el Poder Judicial está podrido”, remarcó.
Lozoya, arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, a cambio de sobornos.
Y el segundo caso es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Peña Nieto, acusado de usar el dinero para aprobar la cuestionada reforma que abrió el sector energético a la inversión privada. Este último es lo que lo mantenía en prisión.
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