Mara Rivera, reportera
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que la sentencia de Genaro García Luna, a 38 años de prisión y dos millones de dólares de multa, habla de la decadencia y degradación del sexenio del gobierno de Felipe Calderón.
La presidenta Sheinbaum, dijo que el juez Brian Cogan sentenció al ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón por sus vínculos con el narcotráfico y eso no es un asunto menor, aunque Felipe Calderón se niegue a aceptar que lo sabía.
Más allá de eso, dijo lo importante, es que no se olvide y se reconozca el cinismo e hipocresía de Felipe Calderón de que volvería a nombrarlo como responsable de la seguridad pública del país, y lo mismo el PAN que se deslinda del caso.
“Así que más allá del tema penal, está la conspiración para la distribución e importación de cocaína.”
La jefa del ejecutivo federal resaltó incluso que, durante la sentencia, el juez hizo comparaciones entre García Luna y Joaquín “El Chapo” Guzmán, señalando la corrupción dentro de la administración de Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico.
Claudia Sheinbaum cuestionó “¿Cómo se pudo confiar en alguien que ahora es visto como coludido con el crimen organizado?”.
“El presidente López Obrador recordó que la violencia aumentó durante el sexenio de Calderón y defendió su política de seguridad actual, asegurando su compromiso con la erradicación de la corrupción y el trabajo con el pueblo. Las críticas sobre el periodo de Calderón se centran en el aumento de delitos como el secuestro y la falta de acciones efectivas contra el crimen organizado.”
Y ahora resulta que Felipe Calderón fijó su postura, -después de cinco años de juicio- tras la sentencia de 38 años de cárcel contra su exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
“Soy un hombre de leyes y respeto esos fallos. Quien haya roto la ley tiene que asumir las consecuencias” es una declaración cínica.
Presentan la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública, describió los cambios que registrará la dependencia a su cargo, así como el enfoque del gobierno que busca separar el poder político del económico, priorizando el bienestar del pueblo sobre los intereses de las élites.
La ex titular de Economía en el gobierno de López Obrador mencionó que entre las estrategias a implementar están: la entrega directa de recursos sociales, la eliminación de condonaciones fiscales y la implementación de una austeridad republicana, que han llevado y llevarán a una disminución de la percepción de corrupción y han aumentado la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Raquel Buenrostro también destacó la importancia de combatir la corrupción no solo por razones éticas, sino también porque afecta la inversión, la confianza en las instituciones y la equidad social.
“La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se enfocará en la prevención, trabajando tanto con el sector público como privado para erradicar actos de corrupción desde sus raíces. Se busca dignificar el servicio público y fomentar una mayor ética y formación entre los funcionarios.”
De esta forma, el programa del gobierno se centrará en la implementación de proyectos estratégicos, como el Tren Maya y la expansión del sistema ferroviario, con un enfoque en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Y propone una modernización de la administración pública, promoviendo la digitalización y la sistematización para inhibir la corrupción, así como el fortalecimiento de la cultura de denuncia y la participación de la sociedad y el sector privado.
Para ello habrá cambios en las leyes de adquisiciones y obras para hacer los procesos más eficientes y competitivos, y eliminar intermediarios en las compras públicas para beneficiar a empresas pequeñas y medianas.
La secretaria de la Función Pública señaló que también se presentará un sistema renovado para acceder a la información histórica de Compranet y se espera promover el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
En resumen, el objetivo es mejorar la eficiencia gubernamental, cerrar la puerta a la corrupción y fomentar una mayor participación ciudadana en la evaluación del gobierno.
La transparencia permitirá eliminar lujos y burocracia, aumentar la eficiencia, simplificar y agilizar trámites, reducir la corrupción, y mejorar la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía.
“Separar el poder político del económico significa que el gobierno debe priorizar el bienestar del pueblo en lugar de beneficiar a los grupos más poderosos y ricos. Esto implica un cambio en la vocación del gobierno, orientándose hacia el servicio a la población en lugar de favorecer a las clases privilegiadas.”
Destaco que, en México, se estima que el 4.5% del valor de los contratos públicos se destina a sobornos, lo que representa alrededor de 15 mil millones de pesos. Si se considera también la inversión pública, esto sumaría aproximadamente 50 mil millones de pesos, una cantidad significativa que podría utilizarse para diversas necesidades.
Para esto apuntó se requiere la colaboración cercana entre la sociedad, servidores públicos y el sector privado, ya que la corrupción afecta a ambas partes.
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