Gerardo Cedillo, reportero
México.- Los Presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados solicitaron la impugnación de 26 candidaturas al Poder Judicial por falta de probidad y por otras causales de inelegibilidad.
En tres solicitudes enviadas al Instituto Nacional Electoral, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna detallan que 18 personas que ya están enlistadas en las boletas electorales del 1 de junio no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación.
Esto resulta una pifia, ya que supuestamente, los comités de evaluación deberían haber detectado e impedido que se postularan desde el principio del proceso.
Así las cámaras del Congreso solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025.
En las cartas dirigidas a Guadalupe Taddei se explica que con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Mientras que 8 candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en la licenciatura de cuando menos ocho puntos.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
En la exposición de motivos se señala que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial y que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
En lo que respecta las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93, lo que afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
Se deja constancia de que la exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética, por lo que permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia.
Además, se hace énfasis que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.
Finalmente, tanto Gerardo Fernández Noroña como Sergio Gutiérrez Luna solicitan al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
SC/LP
