Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa votó por unanimidad el desafuero del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros.
Vargas Landeros enfrenta una investigación penal por el arrendamiento irregular de 126 patrullas por más de 171 millones de pesos.
A la sesión, que se duró más de seis horas, sólo accedieron diputados y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin celulares. A diferencia de sesiones anteriores, en esta ocasión se dejó a medios de comunicación permanecer en áreas comunes del recinto.
La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, estuvo presente y expuso los detalles de la investigación que la FGE pretende judicializar, contra Vargas Landeros y al diputado local Genaro García Castro.
Ambos funcionarios están acusados de ejercicio indebido del servicio público.
Según la Auditoría Superior de la Federación, el contrato DA-ARRENDAMIENTO-018-2021 con la empresa Grinleasing fue otorgado por designación directa, un procedimiento ilegal.
Además, se detectó un daño patrimonial de al menos 14.5 millones de pesos por servicios que no fueron prestados.
A pesar de haber sido informados de su derecho a comparecer, ni Gerardo Vargas ni Genaro García fueron al Congreso para defenderse.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó del retiro del fuero.
Guerra Ochoa dijo que este mismo viernes 2 de mayo, a las 11:00 horas, el Congreso definirá al nuevo titular de la Presidencia Municipal de Ahome.
Gerardo Vargas denuncia persecución política
Horas antes, Vargas Landeros en un video en redes sociales denunció una “persecución política”.
Aseguró que el proceso en su contra “carece de fundamento legal” y que se da por “el miedo a un liderazgo”.
“Les incomoda que trabajemos de la mano con la gente, como mandan los principios de la Cuarta Transformación”, declaró.
Vargas anunció que pidió licencia al cargo para enfrentar el proceso legal, asegurando que no permitirá que se “ensucie” su trabajo.
Tras el retiro del fuero, Gerardo Vargas y Genaro García quedan sujetos a la jurisdicción de los tribunales. La Fiscalía General del Estado podrá ahora ejercer acción penal formal en su contra
Este sería el tercer desafuero de un alcalde en Sinaloa durante la actual administración del gobernador Rubén Rocha Moya. El primero fue Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, separado del cargo en 2022 por el presunto no pago a viudas de policías y un contrato irregular de camiones de basura. El segundo ocurrió en 2023 contra Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, por un contrato irregular de luminarias por 400 millones de pesos.
Redacción
SC/
