Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- La reciente iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para instaurar en México la figura de “jueces sin rostro” generó diversas reacciones entre legisladores de Morena, del PRI y Movimiento Ciudadano.
La propuesta, que contempla reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, busca proteger la identidad de los juzgadores frente a amenazas del crimen organizado.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, se mostró cauteloso ante la iniciativa y pidió tiempo para analizarla a fondo antes de fijar una postura definitiva.
No obstante, reconoció que el contexto de violencia en el país es alarmante.
“Que la delincuencia está desatada. Vean lo que pasó en Guanajuato, vean lo que está pasando en cada uno de los estados del país”, señaló.
Añadió que la estrategia nacional de seguridad no ha dado los resultados esperados y criticó la política de “abrazos, no balazos” heredada del sexenio anterior.
Añorve Baños subrayó la necesidad de proteger a los juzgadores, pero insistió en que el enfoque principal debe estar en reducir los niveles de inseguridad:
“Ya en muchas de las delegaciones [de la Ciudad de México] los índices de inseguridad se han disparado. Hay que analizar esta propuesta de manera detenida y muy puntual”, dijo.
Por su parte, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, expresó una postura crítica y advirtió sobre los riesgos de violaciones a derechos humanos.
“Está ya documentado, incluso por la ONU, que la figura de los jueces sin rostro es violatoria de los derechos humanos y no garantiza la impartición de justicia, no va a resolver el problema”, afirmó.
Ballesteros alertó que esta medida podría ser parte de una tendencia de concentración de poder por parte del oficialismo.
“Nos preocupa mucho que todo este cambio de régimen que Morena está intentando desde el Congreso busca proteger a los poderosos y darles más poder siempre”, advirtió.
Asimismo, cuestionó la efectividad de la medida para resolver los problemas de injusticia y aseguró que debe discutirse ampliamente.
Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente, expresó su respaldo a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Reconoció que la propuesta ha generado polémica.
Fernández Noroña compartió que recientemente sostuvo un encuentro en Italia con una alta autoridad en la lucha contra el crimen organizado, experiencia que, dijo, le permitió reflexionar sobre la urgencia de medidas eficaces contra las mafias.
Recordó el caso del fiscal antimafia Giovanni Falcone, asesinado en 1992 tras encabezar el histórico “maxiproceso” que llevó a prisión a más de mil miembros de la Cosa Nostra.
“Justo a Falcone lo mataron porque encabezó un juicio de más de mil mafiosos. Italia instrumentó esa medida porque era necesaria para garantizar la seguridad de las personas juzgadoras”, señaló.
Subrayó que la adopción de esta figura no afecta los derechos humanos y responde a una necesidad real:
“Pero, ahora cualquier persona juzgadora que tú la pongas al frente de un proceso de gran envergadura, pues su vida está… ¿En riesgo? No solo en riesgo. Como dice el propio (Roberto) Saviano, que desde los 38 años está con protección permanente y vive como testigo protegido en condiciones muy difíciles, la mafia no perdona, y tarde o temprano ejecuta su sentencia”, declaró.
El senador enfatizó que el crimen organizado en México actúa con impunidad y violencia, por lo que la protección de los jueces es prioritaria.
Finalmente, Noroña indicó que la discusión de la iniciativa está prevista para el próximo periodo legislativo, que comienza en septiembre.
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