Gerardo Cedillo
México.- Tras el escándalo de la senadora, Andrea Chávez por la promoción anticipada con recursos de empresarios de cara a la elección del 2027 en Chihuahua, una nueva denuncia se presentó este martes en la sede del PRI.
Fermín Ordóñez, dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, acusó al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de incurrir en presuntas irregularidades durante su administración, al utilizar bienes públicos para promocionar su imagen también con fines electorales.
Ordóñez denunció que el gobierno municipal ha llevado a cabo algunas donaciones ilegales, en contravención a la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua. Según el priista, se han entregado hectáreas de terrenos, ambulancias, camiones recolectores de basura, mobiliario escolar y otros recursos públicos, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos. Afirmó que estas acciones se han difundido en medios de comunicación y a través de la página oficial del municipio, lo que revela un uso para la promoción personal y política de Pérez Cuellar con recursos públicos.
El dirigente priista subrayó que el artículo 50 de la ley mencionada permite donaciones únicamente cuando los bienes han dejado de ser funcionales para la administración, condición que —según sus señalamientos— no se cumple en la mayoría de los casos. Además, recordó que el artículo 53 establece que cualquier remate o donación debe realizarse mediante un procedimiento formal y oneroso, como el remate público, a fin de asegurar transparencia y legalidad.
Ordóñez estimó que el daño al patrimonio municipal supera los 15 millones de pesos, y exigió al alcalde Pérez Cuéllar y a sus funcionarios una aclaración inmediata sobre el destino de estos recursos, ya que además estas prácticas podrían representar una estrategia para comprar votos y voluntades, lo que vulnera los principios de justicia y erosiona la confianza ciudadana.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes, incluyendo a las fiscalías anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación, para que se investiguen estas irregularidades y se sancione a los responsables.
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