México.- Sonora se convirtió en el primer estado del país que hace política pública, y ello como una de las principales demandas de atención hacia las mujeres trabajadoras en condición de embarazo. Diana Barreras, presidenta del Congreso estatal, reconoció la labor de investigación realizada por el think tank Early Institute, que aportó información clave para elaborar la iniciativa aprobada.
Con lo anterior, en Sonora, las mujeres trabajadoras gozan de una mayor protección, luego de que el Congreso de la entidad aprobó, por unanimidad de votos, la reforma integral para prevenir, combatir y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo (DLE). El Estado de Sonora se convirtió en el primero que cuenta con una legislación específica que atiende este grave problema y que pone en el centro de atención el binomio madre-hijo (a). Las disposiciones aprobadas en Congreso de Sonora refuerzan el cuidado de la salud de la trabajadora embarazada y establecen nuevas sanciones para quien dañe o afecte los derechos de la madre y su bebé, sobre todo cuando el transgresor sea un superior jerárquico.
Tanto en comisiones como en la lectura del dictamen avalado por unanimidad, la diputada Diana Barreras, del Partido del Trabajo, reconoció la trascendencia de que Sonora cuente con un nuevo marco legal que amplía la protección y la seguridad de las mujeres trabajadoras en condición de embarazo, ya que es precisamente por esas circunstancias que miles de mujeres trabajadoras son afectadas en sus derechos fundamentales.
Resaltó el trabajo realizado por el think tank Early Institute, en particular por la investigación profunda que realizó para conocer los antecedentes, situación actual y desafíos de la discriminación laboral por embarazo en México.
Entre los principales cambios aprobados se encuentran los siguientes:
Se incluye dentro del concepto de violencia laboral y docente, la afectación que pueda tener el bebé de una mujer embarazada y se establece dentro de la normativa el concepto de discriminación laboral por embarazo, ya que vulnera los derechos de la mujer y de su bebé.
Además, se amplía la pena máxima en el Código Penal del Estado, que pasa de 3 a 4 años de prisión y una multa que va de los 100 a 400 UMAS por discriminación laboral por embarazo, y se clarifica que esta protección no es solo para las mujeres embarazadas, sino también para sus bebés.
Es importante subrayar que en lo que se refiere a las acciones de discriminación hacia las trabajadoras embarazadas, cometidas por personas cuya víctima tenga una relación de subordinación laboral y cuyas conductas pongan en riesgo, la vida, salud y desarrollo del bebé, la pena se incrementará en una mitad.
Al respecto, la Coordinadora del área de Asuntos Públicos de Early Institute, Valeria González Ruiz, precisó que la legislación aprobada en Sonora brinda protección integral y atención prioritaria al embarazo, la maternidad y la primera infancia en el espacio laboral.
Constituye un avance importante que se haya incluido la afectación o puesta en riesgo de la salud, desarrollo o vida del bebé como parte del tipo penal de discriminación laboral por embarazo.
Se incluye la DLE como una forma de violencia de género en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado; se protege a las mujeres que trabajan para el servicio público, al establecer como falta administrativa la discriminación en razón del embarazo o maternidad y se incluye la obligación de la autoridad de juzgar con perspectiva de género, los casos de esta naturaleza.
JJ
