Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron en menos de 3 horas reformas a la ley contra el lavado de dinero, que dota de mayores facultades al Estado y en particular a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para investigar, supervisar y caso extremo congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, entre otros.
Estas comisiones avalaron con 23 votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones, el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de modificar los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
Esta reforma amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, a la propia UIF como “víctima”, cuando se comentan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
Además, por primera vez, se establece que servidores públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno, así como órganos autónomos, serán considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, sin que medie orden judicial.
Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.
Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Según el senador morenista Javier Corral, presidenta de la Comisión de Justicia, la reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.
También, afirmó que estas medidas buscan prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero y descartó incautar cuentas sin que exista una orden judicial, es decir, sin que haya un delito probado.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano externaron fuertes críticas.
Los partidos de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con estas nuevas atribuciones (de índole administrativa) a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
“Esta reforma tiene una orientación política de control prácticamente absoluto. (…) Y entonces esto se convierte como en Venezuela, para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada.
“Le están dando superpoderes Hacienda, la UIF y por supuesto también a la Guardia Nacional, se convierte el gobierno, vía estas dependencias, en juez, policía y verdugo, sin controles, sin juicios, sin posibilidad de defensa y violan la presunción de inocencia con una sonrisa”, aseguró.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos.
“Esto nos parece sumamente grave, porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) sin limitación alguna, sin intervención judicial previa, ni mucho menos.
“Nosotros abiertamente decimos no a esta propuesta, nos parece muy delicado en un país donde la seguridad de muchas familias mexicanas está en riesgo, nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las familias mexicanas y los mexicanos, a información financiera y patrimonial y a todo lo que tenga que ver con su parentesco, nos parece que esto es sumamente delicado”, afirmó.
Por su parte, Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
“Sin embargo, queremos alentar, advertir de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia.
“Tuvimos hace poco una reunión con representantes de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, que están muy preocupadas las agrupaciones por el contenido de esta reforma, toda vez que se les obliga a identificar, almacenar la información de sus clientes, tener un sistema de monitoreo y de video e ir almacenando al tiempo esta información de acuerdo con el monto de las operaciones”, sostuvo.
Finalmente, Carolina Viggiano, senadora del PRI, advirtió sobre la participación de la Guardia Nacional en investigaciones de lavado de dinero sin supervisión del Ministerio Público ni control judicial, lo que, dijo, convierte al Estado en “juez, policía y verdugo”, violando la presunción de inocencia.
“Esta ley de lavado de dinero se trata de vigilar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos. Esta también forma parte del sistema de vigilancia para todas las personas que nunca sabrán quién tiene sus datos.
“(…) Pareciera que vamos a estar todos en una supervigilancia, en un gran “Big Brother” de este país, y no necesariamente tenemos la confianza en las manos correctas”, dijo.
La reforma será enviada al pleno del Senado para su eventual discusión y votación en una sesión del Senado en el próximo periodo extraordinario que supuestamente será convocado en la sesión del próximo viernes de la Comisión Permanente.
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