México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que los hechos de violencia registrados en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California son muestra de la necesidad de fortalecer a la Guardia Nacional, una institución capaz de hacer frente a las prácticas cada vez más radicales de los grupos del crimen organizado, cuyo interés es atemorizar a la población.
En sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que la pacificación del país es un tema pendiente, que necesita de una solución de largo plazo y que ha puesto en el centro del debate cuál deberá ser el futuro de la Guardia Nacional.
Aseguró que desde el 2018, las Fuerzas Armadas han actuado bajo los principios constitucionales, en apego a la facultad que el Congreso de la Unión les otorgó, al realizar acciones de seguridad pública.
Pero, en caso de que se pretendiera modificar la naturaleza jurídica de esta institución, del carácter civil al carácter militar, “sin duda se requeriría de una reforma a la Carta Magna, pues en la jerarquía de leyes prevalece ésta por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico ordinario o reglamentario”.
Ante el anuncio de que se presentará una iniciativa para reformar la Constitución en esta materia, Ricardo Monreal dijo que “estaremos pendientes de su presentación en alguna de las dos cámaras legislativas del Congreso de la Unión, para ofrecer un debate amplio, reflexivo y respetuoso, a fin de lograr lo mejor para nuestra nación”.
Además, enfatizó que las y los legisladores seguirán aportando todo lo que sea indispensable para alcanzar la pacificación de México, lo que con unidad se concretará.
Recordó que se ha planteado que el Ejecutivo Federal pudiera acudir a ejercer facultades exclusivas de expedición de decretos, para reasignar atribuciones y adscripción a la Guardia Nacional.
Ello, aseguró generaría reacciones e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de grupos políticos y sociales.
Sin embargo, el tiempo que tardaría el procesamiento de los recursos interpuestos agudizaría los desacuerdos, pues la demora profundiza las diferencias.
Monreal Ávila refirió que la Guardia Nacional nace de la concepción de conjuntar el mando civil con la disciplina y la efectividad castrenses, como una vía para contar con una corporación capaz de hacer frente al crimen organizado.
Para asegurar su carácter civil, agregó, en su diseño se estableció su adscripción orgánica y funcional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no a alguna otra autoridad federal vinculada a las materias de seguridad nacional o de seguridad interior.
Además, se estableció que sería una institución de seguridad pública de carácter civil y se estipuló una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retirasen gradualmente de las tareas de seguridad pública.
Esta disposición se incorporó en el artículo quinto transitorio, que a la letra señala:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Destacó que a 19 meses de que se cumpla el plazo que constitucionalmente se estableció para que las Fuerzas Armadas dejen de realizar tareas de seguridad pública, la Guardia Nacional depende, en gran medida, de elementos adscritos a aquéllas, “lo cual abre de nueva cuenta un debate sobre el futuro de esta corporación y, con ello, del proceso de pacificación en el país”.
Además, recordó que desde 2006, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en tareas de seguridad pública, porque su formación y su capacidad operativa subsanaron las limitaciones que tenían las policías locales, pero también las federales, para hacer frente a la fallida estrategia de seguridad que se inició y continuó en aquellos sexenios.
Monreal Ávila advirtió que los hechos sucedidos esta semana en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no pueden entenderse como aislados, sino como estratégicos, reactivos y sincronizados.
Y que “este fenómeno de la inseguridad es producto de años de complicidad y deterioro de un proceso en el que las bandas criminales se multiplicaron, fortalecieron y radicalizaron, mientras que las autoridades pasivas y omisas se coludieron y permitieron el avance delincuencial”.
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