México.- Mientras que el dictamen del llamado “Plan B” de reforma político-electoral en el Senado evidenció una falta de acuerdos en el bloque oficialista, la oposición exigió su retiro definitivo, al advertir que la iniciativa podría naufragar ante divisiones internas y errores evidentes de origen.
Tras la cancelación de reuniones clave —incluida la de comisiones unidas prevista para dictaminar el proyecto—, coordinadores parlamentarios de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que Morena no cuenta con los votos suficientes y enfrenta resistencias incluso entre sus aliados.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la suspensión del proceso legislativo refleja desorden en el oficialismo.
Además, señaló que el tiempo les da la razón sobre las inconsistencias en la propuesta, particularmente en el artículo 115 constitucional, que —lejos de reducir costos— podría obligar a aumentar el número de regidores en más de mil municipios.
También criticó la revocación de mandato, al considerar que favorece de manera inequitativa al Ejecutivo.
“Eso no es democracia, eso es abuso”, sostuvo.
Críticas por posible impacto electoral y gasto público
Anaya también alertó sobre el riesgo de empatar la elección judicial con los comicios de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en la mayor parte del país, lo que —dijo— generaría “caos” electoral.
En la misma línea, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, confirmó que su bancada votará en contra del proyecto, al que calificó como un intento de Morena por “apoderarse del sistema electoral” y definir “quién gana y quién pierde”.
El legislador atribuyó la postergación del dictamen a negociaciones de última hora dentro del oficialismo.
Añorve también acusó que la reforma busca permitir que la presidenta participe en campañas durante el proceso electoral de 2027, lo que —dijo— implicaría el uso de recursos públicos para favorecer a Morena. Asimismo, cuestionó contradicciones en la redacción de la iniciativa y advirtió que podría incrementar el gasto público en lugar de reducirlo.
Señalan errores y “pifias” en la iniciativa
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el “Plan B” carece de sustento y podría resolverse, en varios de sus puntos, sin necesidad de una reforma constitucional.
“Es una iniciativa que no tiene sustancia”, afirmó.
Castañeda subrayó que es una “iniciativa plagada de pifias”, entre ellas la eliminación de la paridad y la falta de cálculo sobre el impacto de cambios al artículo 115 constitucional en la integración de los ayuntamientos.
También advirtió que vincular la revocación de mandato con el proceso electoral representa un riesgo, al convertir una herramienta ciudadana en un instrumento de poder.
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