Fuente: Gerardo Cedillo, reportero
México.- En medio de la euforia legislativa que se vive en el Congreso a unos días de que culmine el periodo ordinario de sesiones, Alejandro Armenta, presidente del Senado, propuso extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública.
La iniciativa del senador de Morena, abrogaría la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos del INAI en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
También desaparece los Criterios de Interpretación del INAI, así como otros acuerdos y leyes, entre ellas, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 38 y 65 fracciones VII y VIII de la Ley General de Archivos.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el legislador por Puebla asegura que tanto el INAI como la Secretaría de la Función Pública son instituciones que comparten objetivos y actividades que, al tener puntos en común, “se hace notar la posibilidad de que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de tener un solo ente responsable de la transparencia de la información, así como la protección de datos personales”.
Así, correspondería a la Secretaría de la Función Pública “atender las solicitudes de información pública”, como parte de una de sus funciones qué es la de “fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional para combatir la corrupción y la impunidad”.
La iniciativa de Armenta no contempla una reforma constitucional y solo se centra en eliminar las leyes que dan sustento al funcionamiento del IINAI.
En otra iniciativa Armenta propone que los miembros del Poder Judicial sean electos por el voto ciudadano tal y como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Propone establecer la elección popular de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, Los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, mismos que serán electos de acuerdo con la temporalidad predeterminada en las leyes competentes, por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.
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