México.- El costo del conflicto bélico entre países de Europa del Este y de Oriente Medio, así como la guerra comercial originada por Estados Unidos contra México, provocan una disminución en la producción agrícola nacional. Esta situación ha impulsado el incremento de precios en fertilizantes (propiciado por el aumento del petróleo) y una caída de precios en el mercado internacional del maíz blanco (-6%) y amarillo (-8%).
Esta realidad se suma a la falta de crédito y apoyo gubernamental, donde la agricultura social enfrenta una severa obsolescencia técnica, alertó José Amadeo Hernández Barajas, presidente de la Central Campesina Independiente (CCI).
Estancamiento económico y el impacto de las reformas
Al encabezar el LXII Congreso Agrario Nacional, el dirigente de la CCI demandó al Gobierno Federal un diálogo incluyente para delinear una política de Estado a favor del campo que dé certidumbre a los productores y garantice la seguridad alimentaria.
“México resiente estos cambios, ya que mientras la política comercial de Estados Unidos provoca estancamiento de inversiones, la Reforma Judicial y la Reforma Electoral en el país frenan el crecimiento económico, la creación de empleo y el ingreso de la población”, aseguró Hernández Barajas. Advirtió además que, de no frenar esta tendencia, pronto habrá inflación y recesión mundial.
Crisis generacional y tecnológica en el sector rural
La fuerza de trabajo en el campo también atraviesa una crisis profunda: la mayoría de los productores tienen más de 55 años y no hay interés de los jóvenes en la agricultura debido a la poca rentabilidad y los altos riesgos. Al mismo tiempo, los propietarios se aferran a la tierra como un “seguro de vida” ante la falta de seguridad social.
Por otro lado, la obsolescencia técnica es alarmante. Debido a la falta de crédito, la mayoría de los tractores han cumplido su vida útil y la desaparición de programas de extensionismo ha frenado la transferencia tecnológica y la capacitación en las comunidades rurales.
Inseguridad, despojo y la nueva Ley de Aguas Nacionales
Hernández Barajas denunció un creciente malestar en el sector debido a la falta de arbitraje ante la compra monopolizada de cosechas y el abuso de los proveedores de insumos. A esto se suma la preocupación por la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, que afectará las dotaciones de agua a ejidos y comunidades.
“El panorama es difícil para campesinos y ganaderos que sufren el desmantelamiento institucional. Además, el robo de cosechas, de ganado, el cobro de piso, el asalto al transporte y el despojo de tierras son la gota que está derramando el vaso y la paciencia de la población”, enfatizó. Ante este escenario crítico, hizo un llamado a las organizaciones campesinas a unirse para defender el sector frente a la monopolización del mercado y el regreso de los “coyotes“.
jj
