Sinaloa.- La Planta de Amoníaco de Topolobampo, uno de los proyectos industriales más importantes del noroeste de México, mantiene un avance cercano al 95 % en su construcción y prevé iniciar operaciones comerciales en 2027. Sin embargo, su instalación continúa generando una fuerte controversia entre autoridades, empresarios, comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientalistas.
El proyecto, impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman AG, contempla una inversión estimada de entre 1,250 y 1,500 millones de dólares para su primera etapa.
¿Dónde se ubica la planta de amoníaco?
El complejo industrial se construye en la Bahía de Ohuira, municipio de Ahome, Sinaloa, un ecosistema reconocido internacionalmente como sitio Ramsar, debido a su importancia ecológica como humedal.
La planta cuenta con respaldo del Gobierno de México, del Gobierno de Sinaloa y de diversos sectores agrícolas, al considerarse una infraestructura estratégica para fortalecer la producción nacional de fertilizantes.
Además, en 2021 se realizó una consulta ciudadana en la que el 76 % de los participantes votó a favor de la instalación del proyecto.
Ambientalistas mantienen su rechazo al proyecto
Pese al respaldo gubernamental, organizaciones civiles mantienen una oposición firme desde hace más de una década.
Entre los principales grupos inconformes se encuentran:
- Comunidades indígenas yoreme y mayo.
- Cooperativas de pescadores de la región.
- Organizaciones ambientalistas como el colectivo “Aquí No”.
La integrante de Conexiones Climáticas, Claudia Campero, reiteró que la exigencia del movimiento sigue siendo el retiro definitivo de la planta.
“Las personas que pertenecen al movimiento ‘Aquí No’ mantienen una demanda muy clara: que se retire la planta de amoníaco de Topolobampo”, señaló.
Advierten posibles impactos en la Bahía de Ohuira
Uno de los principales argumentos de los opositores es el posible impacto ambiental sobre uno de los humedales más importantes del país.
Según especialistas ambientales, la planta extraería grandes volúmenes de agua de la bahía para sus procesos industriales y posteriormente la devolvería con mayor temperatura y salinidad.
De acuerdo con Claudia Campero, este cambio podría afectar directamente a diversas especies marinas y alterar el equilibrio ecológico del sitio.
Además, las organizaciones señalan otras preocupaciones como:
- Riesgo de contaminación del humedal protegido.
- Posibles afectaciones a la pesca artesanal.
- Emisiones relacionadas con el manejo de amoníaco, considerado un gas peligroso.
- Impactos sobre la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales.
Gobierno y empresa defienden el proyecto
Las autoridades federales sostienen que el proyecto cumple con los estudios de impacto ambiental autorizados y que continuará bajo vigilancia permanente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que mantiene supervisión constante sobre la construcción y futura operación de la planta.
Como parte de las condicionantes ambientales, la empresa deberá:
- Presentar un Plan de Manejo Ambiental.
- Implementar programas de monitoreo, mitigación y restauración ecológica.
- Contar con un Supervisor Ambiental independiente.
- Aplicar un programa de prevención de accidentes.
- Evitar actividades que dañen la flora y fauna de la Bahía de Ohuira.
Los beneficios que plantea el megaproyecto
Para sus promotores, la planta representa una oportunidad para fortalecer la seguridad alimentaria y la producción agrícola nacional.
Entre los beneficios anunciados destacan:
- Producción nacional de amoníaco para fertilizantes.
- Reducción de la dependencia de importaciones.
- Apoyo al sector agrícola de Sinaloa, principal productor de alimentos del país.
- Generación de hasta 1,700 empleos directos durante la construcción.
- Impulso al desarrollo económico regional.
Un debate que continúa abierto
La Planta de Amoníaco de Topolobampo se mantiene como uno de los proyectos industriales más polémicos del país. Mientras el Gobierno y el sector productivo la consideran estratégica para el desarrollo económico y agrícola, organizaciones sociales y ambientales advierten que podría generar consecuencias irreversibles para uno de los ecosistemas más importantes del Pacífico mexicano.
La discusión continúa abierta mientras la obra entra en su etapa final rumbo al inicio de operaciones previsto para 2027.
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