El Gobierno de México cerró esta semana uno de los procesos de diálogo ambiental más relevantes de los últimos años en el noroeste del país, al concluir cinco mesas de negociación sobre la planta de amoniaco que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) construye en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.
Aunque el proyecto mantiene vigentes sus autorizaciones ambientales y registra un avance cercano al 95 por ciento en su construcción, la Semarnat revisará el expediente debido a que las condiciones ambientales de la región ya no son las mismas que cuando fue autorizado el proyecto hace varios años.
El anuncio representa el principal resultado institucional de las mesas impulsadas por el Gobierno Federal, en las que participaron representantes de GPO, integrantes del colectivo ambientalista “Aquí No”, comunidades indígenas, productores agrícolas, especialistas, académicos y funcionarios de distintas dependencias.
“La Semarnat va a revisar nuevamente el proyecto porque, como es una autorización que no es nueva, la situación ambiental y las condiciones ambientales naturalmente han cambiado. Entonces es indispensable hacer una nueva revisión”, declaró Margarita Caso Chávez, directora general de Conservación y Gestión de Mares y Costas de la dependencia.
La funcionaria no anunció la cancelación del proyecto ni la suspensión de sus permisos, pero sí dejó claro que la evaluación ambiental deberá actualizarse conforme a las condiciones actuales del ecosistema donde se desarrolla la obra.
La planta de amoniaco de Topolobampo se ha convertido en uno de los proyectos industriales más controvertidos de México. Para el Gobierno Federal, organismos empresariales y productores agrícolas, la inversión representa una oportunidad estratégica para reducir la dependencia de fertilizantes importados, fortalecer la producción de alimentos y detonar el desarrollo económico del norte de Sinaloa.
Por el contrario, organizaciones ambientalistas y habitantes de comunidades cercanas sostienen que la planta se ubica en una zona ecológicamente sensible, próxima a la bahía de Ohuira, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar, y advierten posibles impactos sobre manglares, especies marinas, actividades pesqueras y pueblos indígenas.
Las diferencias escalaron durante las últimas semanas con un plantón permanente encabezado por el colectivo Aquí No, lo que llevó al Gobierno de México a instalar un proceso formal de diálogo para evitar que el conflicto continuara creciendo.
Las reuniones abordaron temas relacionados con comunidades indígenas, vigilancia ambiental, desarrollo regional, beneficios para la agricultura y cumplimiento de las autorizaciones ambientales.
Aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo entre quienes respaldan y rechazan el proyecto, el Gobierno consideró que el proceso cumplió su principal objetivo: abrir un espacio de discusión técnica entre actores que durante años habían mantenido posiciones irreconciliables.
