Jorge Sánchez Torres, reportero
México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar inmediatamente a Juana Hilda González Lomelí, quien desde hace más de 19 años permanece sujeta a prisión preventiva por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la influyente empresaria y activista Isabel Miranda, recién fallecida
Por mayoría de cuatro votos, los ministros aprobaron el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que consideró que la confesión de González Lomelí sobre el crimen fue obtenida mediante actos de tortura y pruebas inventadas por la Fiscalía.
De esta forma la decisión del alto tribunal desmonta uno de los mayores ejemplos de la corrupción de la justicia en México, pues demuestra que el caso Wallace se construyó con base en actos de tortura y pruebas falsas.
Esta conclusión supone, en el fondo, que Juana Hilda y un grupo de coacusados, como Brenda Quevedo, han sido víctimas de un montaje encabezado por Isabel Miranda, quien contó con la colaboración de funcionarios de todos los niveles en la Fiscalía (antes Procuraduría) y en los círculos de la política nacional. Coincidentemente, Miranda murió hace unas semanas en circunstancias muy turbias.
La sentencia aprobada por la Corte relata que Juana Hilda fue detenida en 2006 a partir de testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en Ciudad de México. En sus primeras declaraciones, la mujer negó haber participado en el delito. Solo se “autoinculpó” en una confesión posterior, bajo amenazas de agentes de la Procuraduría. Entonces “aceptó” todo: que engañó a Hugo Alberto Wallace para llevarlo a su casa, donde sus “cómplices” lo esperaban para someterlo y secuestrarlo; que lo golpearon de más, al grado de provocarle un infarto, por el que murió; que descuartizaron su cuerpo con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos al drenaje; que, antes de eso, le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace.
La resolución hace notar que, antes de esa “confesión”, las autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda, sin hallar pruebas relevantes. Incluso, se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser rentado a otro inquilino. Después de la declaración de la mujer —tras la tortura y las amenazas—, en una nueva diligencia, los agentes de la Procuraduría encontraron una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace, y la “prueba” definitiva: una gota de sangre que los supuestos captores no limpiaron de la tina del baño. Ni a la Fiscalía, ni a los jueces que emitieron la sentencia, les importó que Juana Hilda alegara actos de tortura y que sus declaraciones fueran obtenidas en condiciones absolutamente ilícitas.
Hasta momentos antes de la votación había dudas de si se lograría la mayoría porque la Fiscalía, dirigida ahora por Alejandro Gertz, reclamó al Supremo que el proyecto se hubiera filtrado a la prensa días antes y exigió inhabilitar al ministro Gutiérrez para votar su propuesta; además, la dependencia pidió que el asunto se aplazara argumentando que “no es el momento oportuno para resolver un asunto tan relevante y mediático en el país”, pues, a raíz de la reciente elección judicial, señaló, hay “zozobra” respecto de la nueva conformación de la Corte. Las inquietudes de la Fiscalía, sin embargo, fueron desestimadas por los togados.
Juana Hilda González Lomelí fue detenida desde el 10 de enero de 2006 y arraigada hasta el 6 de abril de 2006.
Actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) CPS 16 femenil de Morelos, por lo que su liberación ocurrirá una vez que la Corte notifique la resolución emitida por la Sala, lo que deberá ocurrir en las próximas horas.
JJ
