El dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Juan Carlos Tapia Vargas, fue denunciado por su presunta participación como proveedor en la edificación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.
La participación habría sido mediante un entramado empresarial con el que eludiría la inhabilitación que la Función Pública aplicó a Citapia, luego que se acreditara su relación con el caso Odebrecht.
La denuncia que dio a conocer Forbes y otros miedos señala que con firmas como Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa); Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A de C.V. (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, S.A. de C.V., y Fabricaciones Industriales MAO, S.A. de C.V., Tapia Vargas evadió la sanción de la secretaría al mando de Roberto Salcedo, después que se comprobara el vínculo con el desarrollo del expediente Odebrecht en suelo mexicano.
Se detalló que con base en las declaraciones juradas de altos directivos de la brasileña, dio a conocer que Citapia estuvo implicada en la red de corrupción. Los testimonios referían que Lozoya le recomendó a la compañía extranjera asociarse con Citapia para trabajar en México y le solicitó sobornos a cambio.
Ante ello, se apuntó como parte del entramado a Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa); Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A de C.V. (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, S.A. de C.V., y Fabricaciones Industriales MAO, S.A. de C.V.
Por este motivo se solicitaron indagaciones de Juan Carlos Tapia, sus socios y familiares a la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación.
Según la descripción de los hechos, el 26 de julio de 2019 la filial de Pemex, PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., le adjudicó a Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V., propiedad de Juan Carlos Tapia, Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morin Montes, éste último identificado como director jurídico de Citapia, el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el Paquete 6 de la Refinería por 78.4 millones de dólares.
Casi un año y medio después de la asignación, agregó el escrito, Mexicana de Recipientes a Presión cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa). “Junto con Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V., empresa creada en junio de 2020, Proesa es la accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), con quien Tapia Vargas consiguió contratos en el megaproyecto, subcontratada por Techint y Samsung”.
Pero eso no sería todo, pues Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. también conocida como GCI, que compartió accionista con Proesa, consiguió subcontratos con ICA y Techint en Dos Bocas.
“En la página electrónica de GCI, la empresa presume que fue subcontratada por Proyecta Industrial de México S.A. de C.V. (Proyecta) e Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. (IDINSA) en el Proyecto Rack de Integración de la Refinería Olmeca”.
También se añadió que la relación entre las compañías es fácilmente constatable, ya que en las páginas oficiales de cada una se comparten fotografías de las mismas instalaciones y maquinaria, como si se tratara de un solo conglomerado.
Aunque voceros de la empresa negaron los sobornos, la acusación contra Construcciones Industriales Tapia fue retomada solo tres años más tarde por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en su denuncia de hechos señaló a Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia, como pieza clave en el envío de recursos para su posterior entregar a legisladores federales. Asimismo comentó que los montos que supuestamente eran llevados por personal de la mujer, eran captados por José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del ex director de la petrolera.
En 2017, además de revelarse la indagación periodística antes mencionada, la Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de Juan Carlos Tapia Vargas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Petróleos Mexicanos , como puede observarse en el expediente FED/HGO/TULA/0000397/2017.
