Los socios cooperativistas de La Cruz Azul, administradores legales y legítimos de la planta de Tula de Allende, Hidalgo, hacen un respetuoso, pero enérgico llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que gire instrucciones a fin de reforzar las medidas de seguridad en torno a las instalaciones de la planta, toda vez que existen elementos de prueba que indican la posibilidad de que ocurra una nueva masacre, mediante una toma violenta con sicarios y grupos de choque contratados y organizados desde la CDMX, como sucedió el pasado mes de abril, cuando hubo 10 muertos y varios heridos. Es claro que el conflicto de La Cruz Azul pasó de ser jurídico a un tema de seguridad.
Tan solo el día de hoy, gracias a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, y al trabajo de seguimiento de diversos compañeros, se pudo desactivar el intento de un grupo de alrededor de 500 agresores, quienes, organizados en la CDMX, salieron en 17 camiones y alrededor de 20 taxis directo a nuestra planta para tomar las instalaciones por asalto, lo que habría generado una nueva masacre. Se cuentan con elementos de prueba para afirmar que dicho grupo de asalto portaba armas largas, cortas y punzocortantes, así como palos y piedras, lo que confirma que iban con la instrucción de tomar la planta a costa de lo que fuera, incluso de vidas humanas.
“Es preocupante que los diversos ataques a la planta de Tula hayan sido organizados desde la CDMX. Por ello, solicitamos respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país implemente operativos, a fin de impedir la organización de estos grupos y realice trabajos de inteligencia para ubicar y detener a los responsables. Tenemos la certeza de que en la zona había cámaras del C5 que pudieron prevenir la concentración y el avance de este grupo antes de salir de la CDMX”, aseguraron los Socios cooperativistas.
Finalmente, señalaron que un reflejo de la impunidad con la que diversas autoridades permiten que se mueva el grupo de José Antonio Marín y Víctor Velázquez es la contratación pública y sin consecuencias de grupos de choque y sicarios, equipados con armas de alto poder, para enfrentar a familias que buscan mantener su patrimonio social de manera honesta y limpia, a pesar de que en abril pasado hubo 10 muertos, varios heridos y una afectación al proyecto de economía social que representa La Cruz Azul por el intento de asalto a las instalaciones de la cementera en Tula.
