El Caso Primavera por el cual que se investiga al ex jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, aún está en manos de la FGR, no está judicializado, expuso el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
“El asunto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que esperar y también creo que es importante este asunto de la autonomía de las fiscalías (…)”, reveló este jueves durante la conferencia magistral “Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera” impartida en Morelos.
Recordó que cuando tomó la titularidad de la UIF, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al pedirle que en México debía combatirse la corrupción, incluyendo la interna, de ahí que le pidió enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) cualquier caso de corrupción y hacérselo saber.
El ex funcionario mencionó que el asunto fue tan público que incluso llegó a las conferencias mañaneras del presidente, un caso como el de Sanz Rivera, que hacía transferencias millonarias inusuales a una cuenta de un banco en Suiza, no era cosa común.
“Se hizo público que se había encontrado un señor Sanz con movimientos bastante irregulares y otra persona, también con movimientos irregulares, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía”, relató.
Sin embargo, precisó que debido a que el caso no se encuentra judicializado, la ley le impide dar más información.
“Fue información que tuve que en razón de mi anterior cargo y pues sí, cometería yo una conducta delictiva en términos de la ley antilavado, hacer público”, explicó Nieto, tras ser cuestionado sobre este caso en la conferencia convocada por la Fiscalía General del Estado de Morelos.
En tanto, al titular de ese organismo autónomo, Uriel Carmona, le hizo un reconocimiento por los esfuerzos que realiza en materia de capacitación.
Lo anterior en referencia la conformación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en la entidad, cuya finalidad es debilitar la estructura financiera del crimen organizado, y la respectiva capacitación al respecto.
Imperativo acabar con la corrupción política a todos los niveles
Durante su conferencia, Nieto destacó que en la tarea de combate al crimen es prioritario acabar con la corrupción política, ya que el narcotráfico y los grupos delictivos no aparecen de la nada, tienen acuerdos con gente en el poder de los tres niveles de gobierno, principalmente a nivel municipal.
“No son por generación espontánea (los grupos delincuenciales), tienen acuerdos, ya sea por temor, por compra o por votación, tienen acuerdo con los grupos en el ejercicio de poder a nivel estatal, en algunos espacios del ámbito federal”.
“En el ámbito municipal, sobre todo, encontramos este tipo de problemáticas donde los presidentes municipales son prácticamente acorralados por los grupos delictivos Michoacán es un ejemplo, pero tenemos ejemplos más cercanos”, expuso.
Ejemplificó el caso del estado de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, en donde, dijo, el crimen organizado se fue incrementando y la única explicación posible es la permisibilidad.
“Se fueron incrementando el huachicol, el huachicol fiscal, durante su ejercicio gubernamental. La pregunta es ¿por qué surgieron ciertos grupos delictivos en Tamaulipas durante su gobierno?, la única explicación posible es porque había permisibilidad o algún tipo de peaje”, consideró.
Además del ataque a la estructura financiera de grupos delictivos y a la corrupción política, Nieto Castillo subrayó la relevancia de eliminar la corrupción judicial, ministerial y policial.
La procuración de justicia, dijo, es fundamental para un país, sin una adecuada procuración no se puede brindar seguridad a los ciudadanos ni se puede dar estabilidad en los costos de transacción a los inversionistas.
“La procuración de justicia no es un gasto, es una inversión, así tenemos que verlo y, por supuesto, la impartición de justicia y la ejecución de penas”.
En el acto, organizado por la FGE, estuvieron presentes las y los diputados del Congreso local, así como representantes de los poderes del estado, abogados, empresarios, notarios y de derechos humanos.
