Londres.- Unos 4,000 residentes y empresarios han demandado ante el Tribunal Superior a dos productoras avícolas y a la compañía de aguas Welsh Water por contaminar los ríos Wye, Lugg y Usk, situados en la frontera entre Inglaterra y Gales.
Se trata de la mayor acción judicial medioambiental en la historia del Reino Unido.
La denuncia, gestionada por el despacho jurídico Leigh Day, señala a las empresas Avara Foods Limited y Freemans of Newent Limited, dedicadas a la producción intensiva de pollo, así como a la empresa pública Dŵr Cymru Welsh Water.
Los demandantes aseguran que los vertidos de desechos avícolas y aguas residuales han degradado gravemente los ecosistemas fluviales desde 2019.
Vecinos, empresarios turísticos y propietarios de fincas ribereñas reclaman indemnizaciones millonarias por las pérdidas económicas, el deterioro ambiental y las molestias provocadas por olores, insectos y ruido.
También piden que las compañías restauren el estado ecológico de los ríos.
Vertidos de estiércol y aguas residuales
La demanda sostiene que los vertidos de estiércol de pollo y lodos de depuradora han incrementado los niveles de fósforo, nitrógeno y bacterias. Este exceso de nutrientes habría favorecido la proliferación de algas que agotan el oxígeno del agua, asfixian a los peces y alteran la fauna fluvial.
Además, Welsh Water enfrenta acusaciones por verter aguas residuales sin tratar en el río Usk, lo que habría agravado la contaminación en toda la cuenca.
Los afectados también reclaman compensaciones por la moratoria urbanística impuesta en 2019 por el condado de Herefordshire alrededor del río Lugg.
Dicha medida, adoptada para evitar nuevos daños ambientales, paralizó proyectos de construcción y provocó pérdidas de decenas de miles de libras en tasas y licencias.
El caso más grande de contaminación fluvial
Las tres empresas implicadas han negado las acusaciones, pero deberán presentar su defensa ante el tribunal. Si no se alcanza un acuerdo extrajudicial, el proceso judicial podría comenzar en los próximos meses.
El abogado Oliver Holland, socio de Leigh Day, destacó que este caso representa “un esfuerzo extraordinario de las comunidades locales para proteger sus ríos”.
Señaló además que el tribunal escuchará a expertos sobre los daños ambientales y podría ordenar medidas de restauración ecológica.
“Este es el mayor proceso judicial por contaminación ambiental jamás planteado en el Reino Unido”, afirmó Holland. “En un contexto en el que el Gobierno y los reguladores han fracasado en prevenir la degradación de nuestros ríos, el tribunal se ha convertido en la última vía para hacer justicia”, añadió.
Agencia EFE
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