Gerardo Cedillo, reportero
México.- José Ángel Gurria, entregó a los lideres del Frente Amplio por México, el plan de gobierno, que abanderará y enriquecerá Xóchitl Gálvez como eventual candidata opositora. En este documento de 86 cuartillas denominado Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030 se abordan 13 temas prioritarios para impulsar a México hacia el desarrollo y la prosperidad.
POLÍTICAS SOCIALES, MUJERES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CULTURA, SALUD, SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ECONOMÍA (INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA, PYMES, COMPETENCIA Y TURISMO), MEDIO AMBIENTE, AGUA Y ENERGÍA, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO, GOBIERNOS DE COALICIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR.
De entrada, el proyecto de gobierno que eventualmente se registrará ante el INE, convocar a un gran acuerdo político nacional para impulsar una reforma profunda del sistema mexicano de seguridad y justicia, y avanzar en este tema con carácter de prioridad nacional. Define un Sistema Nacional de Seguridad que permita dar coherencia y articulación a las tareas, atribuciones y responsabilidades de las distintas entidades de los tres niveles de gobierno a cargo de la seguridad.
Propone revisar la visión y misión de las Fuerzas Armadas, enfocando sus tareas en el marco de la Constitución y su participación en seguridad pública como coadyuvantes de las autoridades civiles, no plantea su retiro inmediato, pero si paulatino y bien programado de las calles. También propone convertir a la Guardia Nacional en una institución civil encargada de preservar la paz y la tranquilidad en los territorios en donde no operan el resto de las corporaciones.
Rediseñar la estrategia de seguridad pública con énfasis político y presupuestario en el fortalecimiento de las policías locales. Revisar y actualizar la agenda nacional de riesgos en función de las amenazas internas y externas a la seguridad nacional. También se recalca la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia que permita articular las capacidades y competencias de las distintas dependencias que generan inteligencia para combatir las principales amenazas al Estado mexicano.
Colocar la Política de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como elemento central de la política integral de seguridad del Estado mexicano. Emprender una reforma del Sistema Penitenciario Mexicano como un componente imprescindible para avanzar en la estrategia de seguridad y justicia del Estado mexicano.
De acuerdo con la propuesta, la Procuración de Justicia es el talón de Aquiles y el área que mayores rezagos presenta, por lo que es necesaria su revisión y adecuación urgente a las necesidades del país; la actuación de los organismos del Estado debe priorizar la atención a víctimas, enfocada en feminicidios y crímenes de odio, y grupos vulnerables; e instituir en el gabinete de seguridad nacional un capítulo permanente a cargo de la Agenda Internacional de Seguridad y Procuración de Justicia de México.
El plan de gobierno entregado por José Ángel Gurría sostiene que México está envuelto en una ola criminal que alcanza cifras inéditas en nuestra historia. Sostiene que “La expansión del crimen organizado es resultado de la complicidad abierta y/o de la ineficiencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. Agregá que los delincuentes poseen una capacidad de fuego que compite con la de las Fuerzas Armadas y supera en mucho a las policías estatales y municipales. La gravedad de la situación nacional en materia de seguridad y violencia es claro reflejo de las debilidades institucionales y de la deficiente coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno”.
Advierte que “la seguridad ciudadana se ha visto demeritada por la debilidad estructural de las policías de proximidad y por la ausencia de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia y que la sobreposición de funciones entre Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y policías locales no abona a la seguridad del país”.
El ex secretario de Hacienda afirma que la estrategia de poner a las Fuerzas Armadas como eje rector de los temas de seguridad no ha dado los resultados esperados y las ha colocado en un proceso de desnaturalización de sus misiones constitucionales, en tanto que las policías estatales y municipales, responsables de la persecución y contención de los delitos del orden común, se encuentran muy por debajo del nivel de profesionalización, equipo y recursos que requieren para enfrentar el reto de enfrentar a la delincuencia.
Además, reconoce que en el corto plazo el Ejército o la Marina no pueden abandonar funciones de seguridad pública sin que las autoridades civiles respectivas en los tres niveles de gobierno, como en diversos sectores del propio gobierno federal, desarrollen capacidades suficientes en seguridad. Lo anterior implica un proceso de transición bien planeado a efecto de retirar paulatinamente las funciones de policía y seguridad pública de la estructura militar y retirarlos de funciones de control administrativo civil (aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, etc).
Advierte que la Guardia Nacional debe modificar su esquema operativo para convertirse en una verdadera fuerza de seguridad intermedia con presencia en los bastiones del crimen organizado. Sostiene que el retraso en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es un reflejo de la tendencia militarista”, por lo que “Es necesario considerar la reinstalación en la Guardia Nacional de personal de la extinta Policía Federal en las áreas científica, de inteligencia, investigación y análisis.
En materia de política social y combate a la pobreza el plan de gobierno opositor plantea:
1.Creación de un ingreso básico dirigido a personas en situación de pobreza extrema,
con el objetivo de eliminar la desnutrición crónica.
2. Establecer un sistema de protección social universal e integrado que brinde apoyos fortalecidos a quienes los requieran, independiente de la condición laboral.
3. Creación del Sistema de Capacitación y Formación de Jóvenes con Becas, con el
objetivo de desarrollar habilidades requeridas para empleos dignos y remunerados.
4. Incrementar el presupuesto asignado a Educación Media Superior y Superior, al
equivalente a 1 % del PIB.
5. Establecer el Programa Nacional de Apoyo a las Mujeres y Madres Trabajadoras, para dar apoyo efectivo a las mujeres que desempeñan múltiples roles en la sociedad.
6. Implementación de los compromisos del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres de la ONU.
7. Establecer un Sistema Nacional de Cuidados como una medida de vital importancia.
8. Creación de una Red Nacional de Escuelas de Tiempo Completo.
9. Promover a salvaguarda y promoción del Patrimonio Cultural tangible e intangible,
como un medio de vida digno y progreso social.
10. Pleno reconocimiento jurídico de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con políticas encaminadas a fomentar una cultura de igualdad en la educación y la salud.
11. Fortalecer la Comisión Intersecretarial para la Atención de Migrantes.
12. Implementar una política laboral que promueva una economía inclusiva que mejore las remuneraciones y las condiciones laborales en consonancia con el aumento de la productividad.
13. Desvincular el acceso a servicios de salud y cuidado infantil del régimen laboral y las cuotas obrero-patronales.
14. En los programas sociales aprovechar los avances tecnológicos para facilitar las
transferencias y reducir el gasto burocrático, así como establecer un Padrón Único de Beneficiarios con transparencia.
15. Apoyo a Jornaleros Agrícolas garantizando las condiciones laborales justas, salarios adecuados y acceso a salud. Establecer acuerdos con agroindustrias para respetar derechos laborales.
16. Asistencia a Desplazados del Campo con programas de reubicación, capacitación y acceso a servicios básicos para quienes abandonaron el campo por falta de oportunidades, incentivando proyectos rurales para su retorno.
JJ
