Denuncian fraude del exgobernador Silvano Aureoles por más de 230 mdd
Morelia.- El actual Gobierno de Michoacán detectó un presunto fraude de 5.186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) del exgobernador Silvano Aureoles junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos. La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas […]
Morelia.- El actual Gobierno de Michoacán detectó un presunto fraude de 5.186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) del exgobernador Silvano Aureoles junto con una constructora encargada de construir cuarteles con supuestos sobrecostos. La empresa se encargó de la edificación, arrendamiento y compra de 7 cuarteles policiales, donde aparentemente se disponía de lujosas habitaciones con blindaje antibalas, según denunció este miércoles el Gobierno de Michoacán.
Alfredo Ramírez, actual gobernador y sucesor de Aureoles, denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por 5.186 millones de pesos (unos 240 millones de dólares), en la construcción, el insólito arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
Ramírez aseguró en rueda de prensa que los cuarteles cuentan con espacios administrativos y dormitorios para policías, construidos con materiales de baja calidad, como paredes y techos de láminas de plástico, aunque cada complejo tiene un área privada que estaba destinada exclusivamente para el exgobernador Aureoles.
Estas áreas privadas están habilitadas con blindaje antibalas y lujoso mobiliario en una habitación, sala, comedor y un baño completo. Los espacios exclusivos para el exmandatario se ubican a unos metros, y con un acceso privado a helipuertos, aseguró Ramírez, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ramírez desglosó que este modelo de corrupción se basó en el pago de siete proyectos ejecutivos –uno por cada complejo, cuando debió ser solamente uno- con la existencia además de un sobreprecio en la construcción. Además, posteriormente se rentaba a dicha empresa y, finalmente, hubo una compra final por parte del Gobierno estatal de los siete cuarteles tras pagar arrendamientos millonarios, la falta de evidencia documental de la entrega de los inmuebles y la inexistencia de equipamiento.
JR
