102 defensores ambientales han sido asesinados durante la presente administración: CEMDA
Ricardo Trejo, reportero México.- De enero a diciembre del 2023, 20 personas perdieron la vida defendiendo el patrimonio natural, la tierra y el territorio en México, donde las comunidades indígenas y equiparables continúan siendo el principal blanco de la violencia en el marco de la implementación de proyectos de desarrollo, así se desprende del Informe […]
Ricardo Trejo, reportero
México.- De enero a diciembre del 2023, 20 personas perdieron la vida defendiendo el patrimonio natural, la tierra y el territorio en México, donde las comunidades indígenas y equiparables continúan siendo el principal blanco de la violencia en el marco de la implementación de proyectos de desarrollo, así se desprende del Informe sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales.
El reporte realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental(CEMDA), indica que de los últimos diez años, el 2023 fue el segundo donde se documentaron más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando un total de 123. En el 2022 se contabilizaron 197 eventos de agresión.
Al dar a conocer los hallazgos del informe, el Director Ejecutivo del CEMDA, Gustavo Alanís Ortega acusó que en la presente administración federal 102 defensores ambientales han sido asesinados, situación que dijo es inaceptable.
“Esto quiere decir que en lo que va en la presente administración federal 102 defensores ambientales han sido asesinados,algo que desde nuestro punto de vista es inaceptable es insostenible “señaló.
Alanís Ortega detalló que “el Estado se ubica en el primer lugar como perpetrador contra quienes defienden el patrimonio natural del país”.
El CEMDA reitera su llamado para que el Estado mexicano tome las medidas de política pública, así como de asignación de recursos materiales y humanos suficientes que garanticen entornos seguros y propicios para realizar la labor de defensa de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales. De igual forma, en el ámbito de sus competencias, el Estado debe garantizar el acceso a la información, participación y justicia de las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo en México.
JJ

