Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado en Oaxaca el pasado 28 de diciembre y que dejó al menos 14 fallecidos y varios lesionados —algunos de gravedad—, presentaron una denuncia penal en contra de empresas constructoras, contratistas y servidores públicos que estarían involucrados en el accidente.
Los afectados acudieron acompañados de sus representantes legales a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para exponer las irregularidades detectadas y fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.
Irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación
El abogado Adrián Arellano, del despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano, señaló que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen irregularidades desde el 2019 hasta las últimas obras ferroviarias en 2025.
“En ellas se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y, sobre todo, una mala rehabilitación. En este caso también se advierte que en los trabajos para los cuales fueron contratados no existe evidencia fotográfica de la misma”, explicó.
Cargos penales y víctimas de Ciudad Juárez
El representante legal de tres de las víctimas directas, integrantes de una familia de Ciudad Juárez, informó que la denuncia se presentó por los delitos de lesiones —por la omisión de autoridades y contratistas— y por el delito de abuso de autoridad. Esta querella se suma a la carpeta de investigación que abrió la FGR para deslindar responsabilidades por las personas fallecidas en el descarrilamiento.
Juan Manuel Iglesias, quien resultó lesionado junto con su esposa e hijo, exigió que la investigación se extienda a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Empresas y funcionarios bajo investigación por negligencia
En entrevista vía telefónica, el afectado dijo que la investigación debe sentar un precedente para que no vuelva a darse una tragedia similar por la negligencia y corrupción de servidores públicos y empresarios.
Las empresas denunciadas son: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, así como a servidores públicos que resulten responsables por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
JJ
