México.- El pasado 11 de marzo de 2021, el Gobierno de Veracruz publicó el decreto número 848 por el que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
Al respecto, la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras lamentó que en esta reforma se haya aprobado el delito de ultrajes a la autoridad, ya que abre la puerta a la discrecionalidad de las autoridades para usar el nuevo tipo penal contra las personas en contexto de protesta, manifestación y libertad de expresión.
Pero también, “este delito institucionaliza el terror y sirve como instrumento de persecución política, ya que se podrán inventar delitos y pruebas para criminalizar a los ciudadanos”, agregó.
De manera particular, la Secretaria General señaló el caso del perredista Rogelio Franco Castan, quien se encuentra detenido desde el 13 de marzo de 2021 durante un procedimiento jurisdiccional de índole familiar al ser acusado de forma burda por este delito en dicha diligencia. “Su detención fue fabricada para evitar su participación en el pasado proceso electoral y tomar protesta como diputado federal”, lamentó.
La Secretaria General del PRD informó que la SCJN ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de este tipo de delitos en la Ciudad de México, por lo que llamó a las autoridades judiciales, partidos políticos de oposición y ciudadanos de Veracruz exigir respeto a los derechos humanos.
En el caso de Franco Castán, Díaz Contreras mencionó que hasta el momento no se ha garantizado un debido proceso legal, lo que vulnera su derecho fundamental y convencional a la libertad personal, sino también su derecho a ejercer la defensa y ser juzgado sin dilaciones dentro de un plazo razonable.
Llamó a las comisión estatal y nacional de derechos humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal a intervenir urgentemente en el ejercicio de sus atribuciones para proteger los derechos humanos de todas y todos los veracruzanos acusados por este tipo de delitos que son propios de gobiernos autoritarios.
Finalmente, recordó que el pasado 4 y 5 de diciembre durante el Congreso Nacional del PRD se aprobó un resolutivo especial exigiendo la libertad inmediata de los presos políticos y la libertad de los compañeros Rogelio Franco en Veracruz y Andrés Valles en Chihuahua, injustamente detenidos.
“En el caso de Franco Castan no está demostrado el supuesto ultraje, por lo que cualquier autoridad judicial justa no tendría más opción que poner en libertad inmediata al preso político del gobernador Cuitláhuac García”, reiteró.
El delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz entró en vigor el 12 de marzo y señala que se le impondrán siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.
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