México.- En sesión de pleno, las y los diputados aprobaron el dictamen de la Ley Federal de Derechos que establece el cobro de derechos por el uso de bienes públicos o por la prestación de servicio por parte del Estado para 2026. De inmediato este documento se envió al Senado y los diputados entraron la noche del miércoles al debate para aprobar el Código Fiscal de la Federación, del próximo año.
La Ley Federal de Derechos, se aprobó en lo general con 355 votos a favor de Morena, PT y Verde y sólo 133 en contra de la minoría, PAN, PRI y MC.
Ajustes en cuotas de museos y zonas arqueológicas
El documento plantea “ajustes” a las cuotas para el ingreso a museos y zonas arqueológicas y se establece un descuento del 50 por ciento para nacionales y extranjeros residentes.
Crea una nueva categoría que incluye la Zona Arqueológica de Chichén Itzá (con museo), Uxmal con museo y Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya con un costo de acceso de $104.50. Establece la eliminación del derecho por la expedición del certificado de exención del agua.
Cambios en materia migratoria y cobros por autorización de salida
En materia migratoria, modifica las cuotas a 14.2 por ciento para visitantes sin permiso de trabajo, 100 por ciento para residentes temporales permanentes y establece un descuento del 50 por ciento para ciertos casos, unidad familiar, oferta de registro nacional e invitaciones culturales.
Se crea un cobro de derechos por la emisión del Formato de Autorización de Salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica de $294.01 pesos.
Ajustes en el sector financiero y servicios sanitarios
En el sector financiero, se adecua la regulación y control de los servicios que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las entidades financieras, al plantear ajustes a los derechos por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores, y por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores.
Además, se adecuan las cuotas para cubrir los costos que generen la prestación de los servicios en materia sanitaria, servicios aeronáuticos, fitosanitaria y zoosanitaria.
Se establece un nuevo cobro por la autorización para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura de 297.89 pesos.
Morena defiende la reforma; oposición advierte alzas
Marcela Michel López de Morena fundamentó el dictamen en la tribuna de San Lázaro y destacó que la actualización de derechos es un acto de justicia para fortalecer las finanzas del país.
Diputados de Morena y sus aliados destacaron que se ajustaron las cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos.
Por su parte, diputados de oposición señalaron que hay un aumento en las tasas para el pago de servicios. Precisaron que con este ordenamiento se recaudarán 271 mil millones de pesos, cuando el país requiere 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales.
La panista Noemí Luna señaló que, para 2026, se propone pagar más por bienes y servicios, pero sin que los beneficios lleguen a los ciudadanos.
La reforma busca fortalecer la economía con justicia fiscal
Esta propuesta tiene como objetivo que cada peso recaudado tenga un destino social, que cada decisión fiscal busque fortalecer la economía sin sacrificar los derechos de la gente, subrayaron.
La Cámara de Diputados aprobó ya de noche en lo general y en lo particular de lo no reservado, esto último con 352 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al Paquete Económico 2026.
Legisladores destacan visión humanista y equidad fiscal
Desde tribuna, la diputada Leticia Farfán Vázquez (Morena) manifestó que la Ley Federal de Derechos no es solo un compendio de obligaciones, sino un instrumento esencial de política pública cuya relevancia se fundamenta en garantizar la capacidad operativa del Estado.
Destacó que su función primordial es doble: “asegurar la recuperación de los costos totales de los servicios que presta la administración pública federal” y “establecer cuotas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación”.
Remarcó que las medidas contenidas en este dictamen expresan la visión humanista del actual proyecto de nación, al priorizar el bienestar de las mayorías y la consolidación de la soberanía nacional.
Reforma con enfoque social y equidad en servicios públicos
La diputada Juana Acosta Trujillo se pronunció a favor del dictamen, señalando que actualiza la Ley Federal de Derechos y que es una iniciativa urgente y necesaria para adecuar el marco legal a la realidad social y económica de México.
Refirió que durante muchos años, especialmente bajo los gobiernos del PAN y PRI, esta ley fue usada para favorecer intereses particulares.
Por ello, aseguró que la reforma no busca recaudar por recaudar, sino que quienes utilizan servicios especializados paguen lo justo y proporcional, dejando de beneficiarse sin aportar al sostenimiento público.
Justicia fiscal activa y destino social de la recaudación
Alma Delia Navarrete Rivera resaltó que esta ley fortalece la capacidad del Estado y mejora la distribución justa y eficiente de los recursos públicos.
Contempla descuentos en el uso del espectro radioeléctrico para concesionarios que extiendan cobertura a zonas prioritarias, reduciendo la brecha digital.
Claudia Rivera Vivanco agregó que el objetivo es recaudar mejor, no más, con transparencia, certeza jurídica y equidad.
Lo que se plantea, detalló, es una justicia fiscal activa: que quienes usan servicios públicos paguen conforme a su costo, pero que nadie quede atrás ni fuera.
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