Gerardo Cedillo, reportero
México.- Luego de la conclusión de los cinco conversatorios que organizó el Senado sobre la iniciativa de reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el grupo parlamentario del PRI advirtió que no respaldarán una ley que, a su juicio, legaliza la censura, vulnera derechos fundamentales y concentra el poder en una sola voz.
En un comunicado, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, aseguró que la propuesta representa una amenaza directa a derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad de los ciudadanos.
El legislador de Guerrero, sostuvo que “Esta no es una reforma, es una embestida directa contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad de millones de personas”.
Destacó que los especialistas participantes coincidieron en que la reforma debilita derechos humanos al reducirlos a recomendaciones sin valor legal.
A nombre del PRI también criticó la intención del dictamen de permitir la suspensión de señales y el bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial, acción que calificó como inconstitucional.
Dijo que a esto se suma la creación de un padrón nacional para conservar datos personales de los usuarios durante 24 meses, sin garantías claras de protección legal, tras la desaparición del INAI.
Además, los priistas señalaron que la concentración de funciones en una sola agencia subordinada al Ejecutivo Federal elimina contrapesos democráticos y compromete la pluralidad.
Añorve señaló que otro punto que se ve con preocupación es la intención de diferenciar entre “opinión” e “información” en los contenidos, lo cual —según Añorve— podría usarse para sancionar a medios críticos, intimidar a periodistas y limitar la libertad de prensa.
“La libertad de expresión, la privacidad, el derecho a informarnos y a ser escuchados no son negociables. Así no. Nunca”, sentenció Añorve, quien participó activamente en los cinco conversatorios.
Finalmente, el grupo parlamentario del PRI reiteró que la reforma no toma en cuenta la realidad digital actual ni contempla un enfoque de derechos adecuado para el entorno tecnológico contemporáneo.
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