México.- En medio de expresiones desde el poder Público y la propia presidencia, en contra de medios y periodistas críticos, el PRI en el Senado rechazó que el régimen pretenda acallar, regular contenidos, opiniones, líneas editoriales, expresiones ciudadanas o crear mecanismos de censura previa.
La bancada del PRI en el Senado presentará una iniciativa para prevenir, impedir y sancionar el uso abusivo de facultades públicas con fines de censura o represalia política, que atente contra la libertad de expresión y de prensa.
Senadoras y Senadores del tricolor presentarán una iniciativa de Ley Federal para la Protección de la Libertad de Expresión frente al uso Arbitrario del Poder Público, cuyo propósito propone evitar que cualquier autoridad federal, independientemente de su orientación política, utilice facultades públicas, recursos institucionales o mecanismos administrativos como instrumentos de intimidación, represalia o inhibición del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La iniciativa de ley que será presentada en el seno de la Comisión Permanente, prevé establecer un marco normativo preventivo, cautelar y de coordinación institucional que permita fortalecer la protección de la libertad de expresión sin interferir con las facultades constitucionales de investigación, fiscalización o persecución de delitos.
Buscan fortalecer la libertad de expresión y evitar represalias políticas
El ordenamiento legal parte de una premisa fundamental para toda democracia constitucional: la libertad de expresión no sólo constituye un derecho individual, sino una condición indispensable para la existencia misma del sistema democrático, la rendición de cuentas, el control ciudadano del poder y la vigencia efectiva de los derechos humanos en nuestro país.
La iniciativa no pretende limitar el debate político ni restringir el derecho de réplica de las autoridades, aunque reconoce plenamente que los servidores públicos tienen derecho a participar en el debate público y responder a cuestionamientos.
Sin embargo, aclara que defender la libertad de expresión no implica proteger intereses particulares; implica proteger el derecho de toda sociedad democrática a conocer, debatir, cuestionar y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder.
En su iniciativa las y los senadores priistas establecen que en una democracia constitucional, ningún gobierno, independientemente de su origen partidista o legitimidad electoral, puede ni debe utilizar recursos institucionales o facultades públicas para inhibir el escrutinio ciudadano, desalentar la crítica pública o colocarse por encima del debate democrático.
La propuesta busca poner límites al uso del poder público
Asimismo, esta propuesta busca fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas mediante reglas transparentes y límites explícitos al ejercicio del poder.
La crítica pública, la investigación periodística y el debate abierto no debilitan al Estado; por el contrario, fortalecen la legitimidad democrática, mejoran la rendición de cuentas y permiten corregir abusos antes de que se conviertan en fenómenos estructurales.
Los priistas advierten que la historia demuestra que las democracias no colapsan únicamente mediante golpes autoritarios abruptos; también pueden erosionarse gradualmente cuando el miedo, la intimidación institucional y la estigmatización sustituyen al debate libre y plural.
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