México.- Mujeres representantes de 300 colectivos exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para que deudores alimentarios sean candidatos a cargos públicos o de elección popular en el estado de Yucatán.
Apoyadas por la presidenta del senado, Olga Sánchez Cordero y las panistas Kenia López y Josefina Vázquez Mota, las mujeres encabezadas por las activistas Patricia Olamendi y Angélica de la Peña, ex senadora de la República, al unísono lanzaron la consigna: “¡Ningún deudor alimentario al poder, ningún acosador, ningún abandonador!”.
Las colectivas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocer la validez de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y en caso de que Piedra Ibarra se niegue a renunciar al cargo, el Senado inicie el proceso de destitución establecido en la ley.
“Exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Senado de la República que de no presentarse esta renuncia de la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le solicitamos que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho”.
En entrevista posterior, la presidenta del senado, Olga Sánchez Cordero también respaldo la exigencia y confirmo que ya se reunió con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar para pedirle que se impida que los deudores alimentarios sigan impunes ya que generan violencia al seno de las familias.
El 7 de julio pasado, la CNDH presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad 98/2022 en contra de artículos de diversas leyes y ordenamientos del estado de Yucatán que establecen como requisito no ser deudor alimentario moroso para ser titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad; aspirante a candidata o candidato independiente y titular de las dependencias o entidades que integran la Administración Pública local.
La CNDH argumentó que este requisito era discriminatorio y coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica. Pero, sobre todo, afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean estos menores y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, cónyuges o ex cónyuges, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores.
JJ
