Alondra Olivera, corresponsal
México.- La Misión Civil de Observación que se realizó en el Istmo de Tehuantepec donde se desarrolla el proyecto del corredor Interoceánico, estratégico para el gobierno federal, reveló que Oaxaca es la entidad con mayor número de agresiones en contra de personas y comunidades defensoras de la tierra.
El informe detalla que del 2019 al 2022, entidad ocupó el primer lugar en eventos de agresiones, mientras que este 2023 van en aumento con la nueva administración Morenista.
En conferencia de prensa, Xavier Martínez, quien formó parte de esta Misión Civil, detalló que se documentaron 31 eventos de agresiones colectivas e individuales vinculadas a la ejecución del CIIT entre octubre de 2021 y julio de 2023.
Estos eventos de agresiones se desprenden en 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos.
Además de 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.
El también integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) mencionó que los principales agresores son el gobierno en sus tres niveles.
Asimismo, se precisó que se ha violentado el derecho a la información, luego de que las comunidades reclaman que no se les ha dado a conocer todo lo relacionado a la construcción del megaproyecto y más afectaciones a su territorio, así como se les ha negado su derecho a la libre participación, determinación, al territorio y medio ambiente sano.
Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que se garanticen respeto a los derechos de las comunidades y personas defensoras.
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