Ricardo Trejo, reportero
México.- La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que el paquete de iniciativas que conforman la reforma al Poder Judicial “podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.
En una misiva enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Relatora Especial de Naciones Unidas, indicó que “las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña. La reforma propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serán electos por voto popular”.
Recordó “que uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos, tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México”.
Margaret Satterthwaite, se mostró “especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”.
Señaló que “las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato. Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”.
Asimismo la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, manifestó que “la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial. La imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión.
También la integrante de ONU-Derechos Humanos, en este mensaje que envió al ejecución federal mexicano, señala que “resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente mil 800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
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