Gerardo Cedillo, reportero
México.- Con el fin de terminar con las desigualdades y brindar certeza jurídica, el senador del Partido Verde Ecologista (PVEM), Waldo Fernández, propuso modificar la Constitución para lograr un sistema de fe público, homogéneo, transparente y accesible para todos a través de la expedición de una Ley General de Fe Pública.
La propuesta que modifica los artículos 73 y 121 de la Carta Magna, busca modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y de equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios, corredores públicos y servidores públicos.
Al presentar la iniciativa ante el Pleno del Senado, el legislador por Nuevo León, explicó que esta nueva legislación logrará homologar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer principios homogéneos para la función notarial que realicen todos los fedatarios públicos que ya mencioné.
“Se busca profesionalizar el sistema condicionando el acceso a estas funciones a exámenes públicos y transparentes, pero sin violar derechos”.
Además en su régimen transitorio “se establece claramente que quienes tengan una patente de al menos tres años, tendrán derecho a optar a seguir continuando con su patente”.
Detalló que, los fedatarios públicos deberán ser profesionales del derecho altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso que garantice su imparcialidad, eficiencia, buena fe y seguridad jurídica, entre otros.
Añadió que “con esta reforma, aseguraremos que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal o estatal, tenga validez plena en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial y contractual de los ciudadanos”.
Refirió que se pretende combatir la opacidad y las prácticas discrecionales promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia y, sobre todo, la confianza en las instituciones.
“Las y los mexicanos merecemos un sistema de fe pública justo y eficiente, con esta iniciativa daremos un sistema de fe pública accesible y profesionalizado, donde el derecho a la seguridad jurídica y dejar que sea un privilegio solamente para quienes lo pueden pagar y sea un derecho efectivo para todos”, señaló.
Consideró que una de las problemáticas más graves de los ciudadanos es la certeza legal sobre su patrimonio; de ahí la necesidad de generar confianza social, en la competitividad, en la certeza de los negocios, y de ella depende la validez y la autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen los derechos, el patrimonio, las relaciones jurídicas de la ciudadanía, pero que, sobre todo, generan paz social.
“La función que llevan a cabo los fedatarios públicos no es solo un mecanismo de certificación, sino es un elemento esencial para la construcción del Estado de derecho, su impacto trasciende por mucho el ámbito legal y toca directamente, todos los días, en cada momento, la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
Sin ella, simple y sencillamente imagínense el caos que sería el que acuerdos privados pudieran prevalecer en el ámbito social, en el ámbito legal, en el ámbito personal”, destacó.
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